Una de las frases más populares entre los economistas afirma que no existen las comidas gratuitas. Todo, absolutamente todo, tiene un coste de oportunidad, medido en términos de dinero o de tiempo. Dedicar recursos a una actividad supone, necesariamente, retirarlos de otra. Por ello tiene muy poco sentido pedir, por ejemplo, enseñanza o sanidad gratuitas; porque no pueden serlo en ningún caso.

Cuando decimos que una autopista, un concierto o un servicio médico son gratis, lo que realmente ocurre es que quienes pagan estas actividades no son quienes disfrutan directamente de ellas, sino otros; en concreto, los contribuyentes.

Fácil de entender, ¿verdad? Pues no estoy tan seguro de ello, ya que en nuestra sociedad se sigue razonando, en muchas ocasiones, como si el coste de oportunidad no existiera.

Mi ejemplo favorito son algunas memorias sobre los efectos económicos de determinadas disposiciones legales, en las que se afirma que la aplicación de la nueva reglamentación no tendrá costes para la Administración pública, ya que será gestionada por los funcionarios del departamento correspondiente.

Y cabe preguntarse: ¿no tendrán estos que dejar de hacer algo para realizar su nuevo trabajo? A no ser, claro está, que se parta de la idea de que estas personas tenían, con anterioridad, mucho tiempo libre.

Y algo similar parece ocurrir con la subida de las pensiones que el Gobierno ha prometido recientemente, y que la oposición considera insuficiente. En un sistema que genera déficit año tras año, un aumento del gasto exige obtener recursos de otras fuentes, que únicamente pueden ser los impuestos o el endeudamiento. Es decir, lo que damos a unos tenemos que quitárselo a otros. Y los políticos entonces imaginan extrañas figuras impositivas con las que intentan convencer al contribuyente medio de que, en realidad, a él no le van a afectar; que para eso están los ricos, los bancos o determinadas empresas tecnológicas. Pero cuando se vea que esto no funciona, llegará el momento de reconocer que todos vamos a pagar más.

Por el momento, Bruselas ya nos ha avisado de que mayores pensiones exigen mayores impuestos. Que nadie se llame a engaño.