Gran Bretaña se encuentra ante una decisión difícil en sus negociaciones con la Unión Europea sobre las condiciones del Brexit. Una ruptura sin acuerdo tendría muchos inconvenientes para el país, ya que éste perdería el acceso libre a un gran mercado en el que ha estado integrado durante cuarenta y cinco años. Pero, por otra parte, si los británicos decidieran continuar en la unión aduanera europea perderían soberanía en el campo de la política comercial. Y tal cesión no supondría sólo una cuestión de orgullo nacional herido –se ha llegado a decir que, con el borrador de convenio recientemente negociado, el Reino Unido se convertiría en un “vasallo” de la Unión– sino que tendría, además, consecuencias prácticas importantes a la hora de diseñar la futura política de comercio exterior del país; la más relevante de las cuales sería que Gran Bretaña no podría negociar libremente acuerdos comerciales con terceros países. Y la razón es fácil de entender. La unión aduanera implica un arancel exterior común para todos sus miembros; y la desaparición de las aduanas entre ellos tiene como uno de sus fundamentos el hecho de que todos aplican las mismas tasas arancelarias a sus importaciones. Tener ambas cosas –acceso sin restricciones al mercado interior europeo y libertad plena para negociar acuerdos internacionales en política comercial– resulta, por tanto, imposible. Y si a esta cuestión añadimos el problema de la frontera entre los dos territorios en los que está dividida Irlanda, la complejidad de un posible acuerdo es aún mayor.
Supongamos que, finalmente, Gran Bretaña decidiera seguir ligada a la unión aduanera europea. En este caso se encontraría en una situación curiosa: tendría que adoptar las normas establecidas por la Unión, pero habría perdido su capacidad para influir en ellas. En este sentido, los partidarios más radicales del Brexit apuntan un hecho cierto: su país seguiría sujeto a las reglas comerciales europeas, pero no tendría ni voz ni voto en su desarrollo. Para tal resultado –cabría argumentar– sería preferible no haber abandonado la Unión y conservar la influencia que Reino Unido ha tenido hasta ahora en el diseño de la política comercial comunitaria. Y esto es lo que se plantean los partidarios de permanecer en la Unión y de celebrar un nuevo referéndum sobre el tema: ¿no estaríamos mejor dentro que fuera?
La alternativa es abandonar la unión aduanera y aceptar los costes que esto tendría para muchas empresas británicas y para mantener los acuerdos alcanzados en su día en Irlanda. En este caso el Reino Unido perdería un gran mercado, pero tendría libertad para negociar acuerdos de comercio libre con el resto del mundo. De alguna forma esto supondría recuperar la famosa frase que se atribuye a Winston Churchill –y que algunos historiadores consideran apócrifa, por cierto– de acuerdo con la cual, si Gran Bretaña tuviera que elegir un día entre Europa y el mar abierto, debería elegir siempre el mar abierto.
El problema es que no está nada claro que la opinión pública esté realmente hoy en favor del mar abierto y del comercio internacional libre. Como se ha afirmado muchas veces, una de las grandes paradojas del Brexit es que quienes votaron en el referéndum a favor de abandonar la Unión Europea lo hicieron por razones muy diversas e incluso contradictorias. Quienes querían romper con Europa por considerar que su política es intervencionista en exceso y ataca en muchos sentidos los principios del libre mercado, tienen, sin duda, buenos argumentos para defender el abandono de la unión aduanera y abrir el país al comercio multilateral. En muchos sectores las ventajas serían indudables. Los precios de muchos bienes se reducirían para los consumidores y el país podría reforzar su posición como uno de los grandes centros del comercio internacional.
Pero los que votaron sí al Brexit con el objetivo de limitar el número de trabajadores inmigrantes para poder controlar mejor la oferta de trabajo y elevar sus salarios, difícilmente estarían de acuerdo con esta política. Porque, si se van los inmigrantes es muy probable que después se vayan muchas empresas a países que tengan costes salariales más bajos. Y es razonable esperar que buena parte de la opinión pública empiece entonces a clamar contra la competencia desleal de estos países y a pedir que se restrinjan las importaciones para que las empresas vuelvan a Gran Bretaña, en línea con lo que está haciendo Trump. Pero Gran Bretaña, por muchas razones, no es como los Estados Unidos; y los costes que para el país tendría tratar de proteger a los productores locales sería muy superior al que previsiblemente experimenten los norteamericanos en el medio y largo plazo.
El debate sigue abierto. Y me temo que la situación va a seguir confusa durante mucho tiempo. Porque lo que es realmente importante no es tanto la ruptura con Europa como saber qué es lo que se pretende hacer después.
