Un poco más de realismo, por favor
16 de octubre de 2018
Por admin

El gobierno ha presentado a bombo y platillo su cuadro macroeconómico y sus previsiones de recaudación fiscal. Como el papel lo aguanta casi todo, las cifras parecen reflejar una política económica sensata y exitosa. Un análisis más detallado plantea, sin embargo, muchas dudas sobre su solidez.

Las cifras del cuadro macroeconómico responden, en principio, a los datos actuales de forma razonable; si bien hay que tener presente que tales datos pueden estar sujetos a cambios importantes en función tanto de la evolución de la economía internacional –y de la economía europea en concreto– como de la política económica española. Aunque haría falta bastante más información para valorar adecuadamente las previsiones del gobierno, éstas deben ser consideradas, en muchos aspectos, optimistas en exceso; en especial en lo que se refiere al déficit. El déficit público previsto para 2019 es del 1,8% del PIB, cifra que se considera “crucial y apropiada”, adjetivos que, por cierto, nunca había visto utilizado en este contexto. Se anuncia además un superávit primario, que permitiría reducir la ratio deuda pública/PIB; y una reducción del déficit estructural, que es un objetivo positivo, si bien no resulta siempre fácil de cuantificar lo que es estructural y lo que no lo es.

Que tales objetivos se podrían conseguir con una política económica adecuada es evidente. Los problemas tienen solución si se hace lo que se debe. Lo que ocurre, sin embargo, es que lo que estamos escuchando cada día al gobierno resulta bastante contradictorio con estas previsiones. Creo que hay una opinión bastante generalizada –tanto entre los partidarios como entre los críticos– de que el pacto del PSOE y Podemos firmado hace unos días va bastante más allá de lo que se podría esperar de un acuerdo presupuestario y hay que entenderlo, más bien, como la definición de una nueva política económica, mucho más intervencionista en el doble sentido de aumentar el peso del sector público en el gasto global y de una mayor regulación de la actividad económica del sector privado. Y si lo firmado en tales acuerdos se llevara realmente a la práctica, resultaría difícil conseguir las cifras que se presentan en estos cuadros.

Y esto se acentúa por el hecho de que el impacto global que se supone a las medidas de reforma fiscal es poco realista. En concreto el gobierno valora este impacto en algo más de 5.600 millones de euros; calculándose el impacto en los presupuestos de 2019 en casi 4.500 millones. Para mí lo más llamativo de esta cifra es que el gobierno parte de dos ideas equivocadas. La primera, de que realmente tales cifras de aumento de los ingresos se van a conseguir; y la segunda, que su política general y el aumento de los impuestos en concreto no va a tener efectos en la economía del país, y, por tanto, en la recaudación fiscal. Con respecto al primer punto, llama la atención especialmente la previsión de que la recaudación va a crecer en más de 800 millones gracias a tres partidas: la limitación de pagos en efectivo, reforzar la lista de morosos y medidas internacionales de lucha contra el fraude. Tan sorprendente resulta esto que sólo puede tener dos explicaciones: bien una gran ingenuidad por parte de quien hizo las cuentas, o bien –y esto es lo más probable– un intento de encajar las cifras a martillazos cuando, al hacer los cálculos, no sale lo que a uno le gustaría, que es, en este caso, cumplir los requisitos establecidos por la Unión Europea.

El peso del ajuste recae claramente en el mundo de la empresa y la actividad económica. Sólo en el impuesto de sociedades se prevé un aumento de presión fiscal de 1.500 millones (descontando del total calculado las rebajas a PYMES). Pero, además, se estiman cifras de recaudación de 1.200 millones en el nuevo impuesto sobre servicios digitales; de 850 millones por el impuesto sobre transacciones financieras y de 670 en lo que se denomina fiscalidad verde, que supongo incluirá el impuesto al diésel. ¿Cuál es el mensaje que parece que quiere transmitir el gobierno?: que el ciudadano medio no va a pagar, ya que la carga la soportarán las grandes empresas, las multinacionales, los bancos, los que contaminan y, desde luego, los “ricos” a los que se les sube el IRPF y el impuesto sobre el patrimonio. El problema es que las cosas no son así en economía. ¿Hay alguien que pueda pensar realmente que la carga de estos nuevos impuestos la van a soportar en su totalidad las multinacionales, los bancos y las grandes empresas? ¿O que el nuevo impuesto al diésel lo van a pagar en su totalidad los transportistas sin elevar sus precios? Muchos estudios han mostrado que incluso el impuesto de sociedades se traslada parcialmente a los consumidores y a los trabajadores. Y no tengan duda de que los nuevos impuestos los vamos a pagar en buena medida los usuarios. La banca y las empresas considerarán estos tributos como costes y elevarán sus tarifas; de modo que los consumidores los acabaremos pagando en buena medida.

Pero lo más criticable de lo que se ha presentado a la opinión pública es que el gobierno, en sus predicciones, parece suponer que las medidas de su nueva política económica, recientemente anunciadas, no van a tener efecto negativo alguno. Un ejemplo: en el cuadro se presupone que la tasa de paro caerá del 15,5% de 2018 al 13,8% en 2019. Es posible que estos datos tuvieran sentido si se siguiera aplicando la política económica de los últimos años. Pero si debemos creer al propio gobierno, esto no será así. Por una parte, se ha anunciado una fuerte subida del salario mínimo, que claramente va a reducir el nivel de contratación de trabajadores; y, por otra, se habla de introducir cambios en las reformas laborales de los últimos años, que fueron las que consiguieron reducir, aunque fuera parcialmente, nuestra elevada tasa de paro. Aún no sabemos lo que se va a hacer. Es posible que muy poco, que sería lo mejor que podría pasar. Pero si los cambios fueran importantes, tendríamos un nuevo elemento que reduciría el nivel de empleo y afectaría, por tanto, negativamente a la tasa de crecimiento del PIB. Y, a más largo plazo, cada una de estas medidas para aumentar la presión fiscal va a tener efectos, y no positivos ciertamente. Las empresas –y “los ricos”– reestructurarán su actividad para tratar de evitar parcialmente las nuevas cargas. Y en una economía abierta, como la nuestra, en la que muchos países están utilizando políticas fiscales y regulatorias como instrumentos para atraer empresas e inversiones, los efectos de esta competencia se van a notar, sin duda alguna. ¿Habrá pensado en esto nuestro gobierno?

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