Los responsables de la Seguridad Social están centrados en buscar un acuerdo con el conjunto de las fuerzas políticas y sindicales para hacer que el sistema público de pensiones sea sostenible. La intención es sin duda buena, pero la imagen que transmiten los Presupuestos Generales del Estado de la situación actual y futura es poco halagüeña. El sistema no solo está muy alejado del equilibrio financiero hoy, sino que, en mi opinión, es insostenible a la larga. En efecto, dicho sistema lleva siendo deficitario desde el año 2010. Según el Secretario de Estado de la Seguridad Social, el déficit aún alcanzará 16.400 millones de euros en el presente año de 2017. La previsión es que dicho déficit estructural no baje de 11.000 millones anuales de aquí a 2022. Para cubrir tales déficit el Gobierno ha tomado hasta ahora fondos de la llamada hucha de las pensiones; y este año, además, ha acudido a emisiones de deuda pública. ¿Puede concebirse mayor dislate que sufragar las pensiones comiéndose las pequeñas reservas acumuladas y tomando dinero prestado cuando ya se está endeudado hasta las cejas?
Antes que nada, es necesario apreciar la magnitud del problema. Para ello contamos con un nuevo instrumento, el llamado Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) incluido en la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Como es costumbre en materia de pensiones, las denominaciones y siglas parecen ser hechas más para confundir al personal que para aclarar conceptos. Este índice mide los aumentos o reducciones de las pensiones, necesarios para mantener el equilibrio financiero del sistema, suponiendo que no se modifique en nada el régimen actual. Como acertadamente recogieron Devesa, Doménech y Meneu en este periódico el 13 de mayo pasado, “el equilibrio financiero del sistema público de pensiones requeriría en 2017 una reducción de un 2,96%” en el monto global de las prestaciones, si no se recortaran los gastos, lo que sin duda habrá que hacer.
La primera condición para que el público acepte esos necesarios recortes es que entienda el llamado “sistema de reparto” de nuestras pensiones públicas. Otra vez tenemos aquí una denominación que dificulta la comprensión. Se dice que Eugenio d’Ors preguntaba a la secretaria a la que había dictado un artículo si lo había entendido. Si ella contestaba afirmativamente, le indicaba: “¡Oscurezcámoslo!”. El sistema de reparto no consiste en repartir los ingresos de la Seguridad Social entre los pobres y los ricos del momento, sino en obligar a que los trabajadores empleados en cada momento financien las actuales pensiones de los jubilados. Muchos mayores creen que la jubilación de la que gozan en esos momentos se paga tomándolo del fondo acumulado de sus contribuciones mientras estaban empleados. ¡No señor! Aquel dinero ha desaparecido, pues se repartió entre los jubilados de entonces. La pensión que reciben ahora se debe a la generosidad de los ahora empleados, que esperan lo mismo de las generaciones futuras. ¡Dios les oiga!, pues entre otras cosas el número de mayores respecto de empleados crece sin parar, porque los mayores vivimos más años y las familias tienen cada vez menos hijos (y rechazamos inmigrantes jóvenes).
Para sanear el sistema deben tomarse medidas de reequilibrio. Algunas son antiguas, como la de que quienes por alguna razón hayan cotizado durante menos de quince años lo pierden todo. Otras se tomaron con las reformas de 2011 y 2013, como el paulatino retraso de la edad de jubilación hasta colocarla en 67 años en el año 2027. Entre las más maquiavélicas se encuentran “las cuentas nocionales”. Consisten en hacer como si lo acumulado por cada persona se apuntara en una libreta imaginativa o “nocional” y esto se comunicase a cada cotizante, garantizándole que eso al menos recibirá al jubilarse. Ocurre, sin embargo, que, si se hace el cálculo para el día de hoy, por cada euro que cotizaron durante su vida de trabajo, los jubilados están recibiendo 1,44 euros. En ese caso, ¡las cuentas nocionales servirían para reducir las pensiones al euro cotizado! A eso lo llaman hacer más equitativo el sistema de pensiones públicas. Me temo que, al final, todo se reduzca a gravar los ingresos de los trabajadores (y de las empresas que los emplean) con un impuesto especial para financiar las pensiones, gravamen que afectaría a la creación de empleo, la inversión y la productividad. Como no hay límite al monto de las pensiones que los políticos pueden prometer, al final el sistema resultará insostenible.
Hay otro modo de organizar el sistema de pensiones, no por reparto, sino por capitalización. Cada trabajador vería apuntado a su nombre y en una libretita de verdad, no nocional, lo cotizado a lo largo de los años más el producto de sus inversiones a través de unos fondos de pensiones bien regulados y vigilados. Las personas podrían jubilarse a la edad que quisieran, antes o después de los 67 años, según consideraran que habían ahorrado lo bastante.
Son tres al menos las críticas más comunes a las pensiones de capitalización. La primera es que tanto las pensiones privadas como las públicas dependen de la productividad de la economía nacional, por lo que, en el fondo, no hay diferencia entre los dos sistemas: se ignora que la capitalización supone la inversión de lo ahorrado y un mucho mayor crecimiento económico para el país. La segunda es la necesidad de que el Estado se endeude para seguir pagando las pensiones de los jubilados cuando los jóvenes ya solo coticen para su propio fondo de ahorro: se olvida que ese indudable aumento de deuda pública no supondría sino aflorar una obligación latente del Estado. La tercera es el temor de que los fondos de pensiones privados quiebren. En cambio eso nunca ocurriría si las pensiones fueran públicas pues podemos fiarnos totalmente del Estado.
Recuerdo una viñeta de Gary Varvel, publicada en el Indianapolis Star, en la que el policía pregunta: –“Pero bueno, Sr. Madoff, ¿de dónde sacó usted la idea de pagar a los primeros inversores con el dinero de los nuevos?”– “Del sistema de la Seguridad Social”.
