La toma de posesión del presidente Sánchez coincide con el levantamiento del artículo 155 en Cataluña. Este cambio puede llevar a modificaciones en la estrategia frente a los independentistas, especialmente en materia fiscal y financiera, donde la cuestión esencial es el control de las cuentas de la Generalitat.

Ante unos hechos tan graves como los acaecidos tras el 1-O, es esencial mantener la intervención de Hacienda sobre la Generalitat para evitar que los fondos destinados al pago de los servicios públicos financien el golpe de Estado. Incluso con el bloqueo de las cuentas catalanas, los separatistas consiguieron, presuntamente, desviar dinero público hacia sus intereses. Por ello, a día de hoy, es necesario no sólo mantener el control de las cuentas sino sofisticar las medidas para detectar cualquier posible financiación ilegal separatista.

Los últimos desarrollos tecnológicos y normativos permiten combatir el blanqueo de capitales y la financiación de actividades ilícitas, dotando de instrumentos útiles a autoridades y entidades financieras, para actuar en casos como el de Cataluña ayudando a estrangular el proceso separatista. Así, es necesario acelerar la trasposición de la IV Directiva europea sobre blanqueo de capitales mediante la reforma de la Ley 28/2010 de blanqueo de capitales, en trámite parlamentario.

España podría haber contado con más herramientas si hubiera traspuesto antes esta normativa europea y recogiendo los nuevos avances de la V Directiva aprobada hace dos semanas, la cual incide en mecanismos posiblemente utilizados en el «golpe» catalán como las criptodivisas, el crowdfunding, las entidades como fundaciones y asociaciones y el papel de «personas políticamente expuestas» internas y externas que hayan podido participar del «golpe».

El control fiscal y financiero no es más que la otra cara de la misma moneda del control judicial y policial. Más aún cuando las finanzas catalanas ordinarias dependen de forma mayoritaria del dinero procedente de Hacienda a través de los mecanismos ordinarios de fi nanciación –anticipos a cuenta del sistema de fi nanciación autonómica, con generoso tratamiento de las devoluciones de ejercicios anteriores– y los mecanismos extraordinarios como el Fondo de Liquidez Autonómica y el Fondo de Pago a Proveedores.

Es necesario, en suma, seguir poniendo en orden las cuentas catalanas controlando los movimientos que se generen a partir de las decisiones de los nuevos consejeros, de manera que quede ante todo protegido un principio de buen uso del dinero público.