Ayer se supo que los españoles han declarado poseer 90.976 millones de euros fuera de nuestro país, de los que 19.676 están en Suiza y 9.979 en Luxemburgo. El éxito de esas cifras se debe a las enormes sanciones que estableció Hacienda para que a nadie se le olvide confesar todo lo que tenga en el extranjero. Contaré un ejemplo real que refleja la codicia insaciable de la norma tributaria.
Un emigrante granadino ahorró durante su vida laboral fuera de España 340.255 euros que invirtió hace más de diez años en fondos de inversión de un banco suizo. Retornado a España, y ya jubilado, por puro desconocimiento cometió el error de retrasarse en la presentación de la declaración de bienes en el extranjero.
Al percatarse la Agencia Tributaria del incumplimiento del plazo, le impuso las siguientes sanciones: 253.951 euros de multa, 169.300 por regularizar su situación y 16.016 de intereses de demora. El total del acta de inspección alcanza la cifra de 439.267 euros (100.000 más que los ahorros declarados). Además, por si acaso el jubilado salía corriendo, se le aplicó un embargo preventivo.
Esta salvaje confiscación es el castigo a quienes no quisieron acogerse a la amnistía fiscal de 2012, para los que no sirve el arrepentimiento, ya que el delito es imprescriptible.
A Hacienda no le importa el abuso de la norma, sino que le tengamos miedo y prefiramos no enfrentarnos al poder de la Agencia Tributaria. Afortunadamente, ha habido valientes que no se han dejado intimidar y han presentado un recurso en la Comisión Europea. Aunque lo probable es que se exija a España que rectifique, serán muchos los timoratos o enemigos de meterse en pleitos que pasen por taquilla.
Lo peor de este acoso tributario es que cundirá el pánico entre muchos ricos jubilados extranjeros afincados en España, quienes pagan elevados impuestos por las rentas y pensiones que reciben de sus lugares de origen.
Estos, junto con algunos españoles, saldrán a la carrera hacia otros países menos expoliadores con buen clima.