La competencia de los parlamentos regionales para establecer tributos propios, unida a la voracidad de gasto irrefrenable de los gobiernos autonómicos, ha llevado a que estos se inventen impuestos absurdos, atropello que indigna a los contribuyentes afectados. De acuerdo al informe del Ministerio de Hacienda ‘Tributación Autonómica. Medidas 2016’, Cataluña es la comunidad más ‘imaginativa’ en ello, al concebir hasta diez nuevos sujetos impositivos. Para que usted se escandalice con motivo, los cito: gravamen de protección civil, canon del agua, impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, canon sobre la deposición controlada de residuos municipales, canon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción, canon sobre la deposición controlada de residuos industriales, impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria, impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear (ya declarado inconstitucional), impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector audiovisual y la difusión cultural digital y, por último, impuesto sobre las viviendas vacías.

El sector con el que se han ensañado más las Haciendas autonómicas ha sido el de los grandes establecimientos comerciales. Buena parte de las CC AA ha instaurado para su apertura dobles regímenes de autorización, a nivel regional y local. También han limitado los horarios y días festivos de apertura, lo que fomenta que los consumidores se vayan a comprar a otro país o región cuando viven cerca de esa frontera. El ansia recaudatoria llega tan lejos que, en ocasiones, los parlamentos vuelven a promulgar una Ley de Comercio con los mismos vicios legales que motivaron su denuncia, tanto ante la Comisión Europea como en la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo al Tribunal de Justicia de la UE. Y encima esta inseguridad jurídica no favorece a nadie y puede desincentivar las compras de los 75 millones de turistas que nos visitan cada año.

Los tributos autonómicos propios son desaconsejables por varios motivos. 1) Resulta un gesto estéril porque el ministro de Hacienda no se ha quedado impasible, sino que ha puesto a tipo cero tributos estatales por el mismo concepto que los regionales y, dado que un mismo hecho imponible no puede ser gravado dos veces, al final el contribuyente se libra de este abuso, con el perjuicio de que la comunidad adquiere una imagen fiscal agresiva. 2) La media de lo que suponen los impuestos autonómicos propios respecto a la recaudación total es sólo del 1,12%, un porcentaje muy bajo. 3) La recaudación fiscal no sale gratis, sino que requiere de un personal muy caro; por lo tanto, el ingreso real es muy inferior al pretendido. 4) Por último, estos caprichosos tributos ahuyentan la inversión y pueden provocar el traslado de una empresa a otra región menos codiciosa. En definitiva, poner gravámenes extra a los del Estado no compensa, pues apenas aumentan los ingresos, agravia a las compañías y deteriora la imagen de la región.