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Cómo empeorar el problema del alquiler

Periodicos del Grupo Vocento,
28 de enero de 2019

Ante la imparable escalada de precios en el alquiler de vivienda y las repercusiones para las familias, el Gobierno decidió tomar cartas en el asunto. Lo hizo a través de una vía que, debido a su escasa representación parlamentaria, se ha convertido en su recurso favorito: un decreto que aprueba el Consejo de Ministros, pero que queda supeditado al posterior apoyo de otros partidos para salir adelante.

Hace unos meses, Podemos acordó con el PSOE pactar una batería de medidas encaminadas a contener el problema de los arrendamientos residenciales. Sin embargo, ahora ha votado en contra del decreto, al igual que PP o Ciudadanos, si bien por motivos distintos. La formación morada alega que el contenido de la propuesta resulta insuficiente, al no incluir, como era su pretensión, que los ayuntamientos puedan limitar los precios del alquiler. Una exigencia a todas luces perjudicial para el mercado de la vivienda. Si nos fijamos en las rentas que se están pagando en las distintas comunidades autónomas, vemos, según los datos más recientes del portal inmobiliario Fotocasa, que el metro cuadrado más caro en septiembre de 2018 se encontraba en Madrid (12,81 euros), Cataluña (11,99) y País Vasco (9,77).

Este podio coincide con el de las tres regiones de mayor PIB per cápita (33.809, 29.936 y 33.088 euros respectivamente). Les siguen en cuantía los alquileres de Baleares y Canarias. Eso sí, en el caso de las islas, no es la riqueza de sus ciudadanos la que presiona hacia arriba, sino el fuerte componente turístico de su estructura económica.

Esta correlación entre PIB per cápita y precios se da también en el extremo contrario. Así, las dos comunidades colistas en la primera de estas variables, Extremadura (17.262 euros) y Castilla La-Mancha (19.681), son asimismo las que presentan unos alquileres más baratos, de 4,62 y 5 euros por metro cuadrado cada una.

Esto indica que se está produciendo un ajuste natural entre oferta y demanda, el cual se vería distorsionado en caso de imponerse un tope artificial a golpe de índices oficiales de precios. Así, al propietario de una vivienda no le va a compensar alquilarla por debajo de lo que corresponde a su nivel de renta y poder adquisitivo. Sólo afrontará los inconvenientes y riesgos que entraña poner tu casa a disposición de un extraño si estima que le va a salir rentable.

Se puede prever esta reacción a partir de datos del Ministerio de Fomento: precisamente, en las comunidades donde los arrendamientos resultan más elevados, como País Vasco y Madrid, el número de casas vacías es el menor de toda España, con 794 y 908 por cada 10.000 viviendas, respectivamente. Todo lo contrario ocurre en regiones como Galicia, La Rioja y Murcia, que, teniendo de los precios más bajos, cuentan con la mayor proporción de inmuebles desocupados.

En definitiva, la limitación de precios podría generar el perverso efecto de expulsar vivienda del mercado. De este modo, al acentuarse la escasez de oferta, en vez de aliviarse, el problema se agravaría, poniéndoselo aún más difícil a los sufridos inquilinos. Para ayudas así, mejor abstenerse. 

Limitar los precios contraería la oferta de vivienda en las comunidades más ricas

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