Es un hecho que España se está recuperando de la crisis. Los indicadores de PIB rondan el 3% y se prevé que, en 2017 y 2018, continúen creciendo al mismo nivel: la demanda doméstica y las exportaciones avanzan a buen ritmo, y aumenta la tasa de empleo. En definitiva, la actividad económica de nuestro país se sigue acelerando, respaldada por la buena marcha de la economía global en lo que llevamos de 2017, con unos mejores indicadores de confianza y un repunte del comercio internacional.
Como podemos observar en el gráfico, esto se refleja en la renta anual media por persona de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. En 2016, esta creció en un 2,8% con respecto al año anterior. Esto permitió que los españoles tuvieran más dinero para consumir, invertir o ahorrar. Por comunidades autónomas, 16 de las 17 presentan tasas de crecimiento positivas, entre las que destaca Baleares, con un reseñable 12,9%, lo que la aproxima a los niveles de renta de regiones como Cataluña o Madrid, donde el salario medio anual asciende a 12.600 y 12.647 euros por persona respectivamente. La única comunidad que sufre una caída en la renta es Aragón, que pasa de los 12.427 euros a 11.649.
Sin embargo, pese a esta ostensible recuperación, que incluso el FMI calificó unos meses atrás como «impresionante», siguen existiendo grandes lastres y desequilibrios en la sociedad española. No hablamos de las pujantes variables macroeconómicas antes descritas, sino de la desigualdad de rentas y oportunidades entre personas, que, en algunos casos, experimentan las mejorías econó- micas a un ritmo muy lento. No en vano, un 22,3% de los españoles se halla en riesgo de pobreza. Son aquellos que ganan un 60% menos de la mediana de la población total, lo que les dificulta enormemente que dispongan de recursos con los que costearse necesidades básicas. Las comunidades que concentran mayor tasa de población en riesgo de exclusión social son Andalucía, Castila-La Mancha y Extremadura, todas ellas por encima del 30%.
Por tanto, pese a los avances, las secuelas de la recesión econó- mica siguen siendo fuertes. Bruselas lo ha advertido en su Informe España 2017: «El legado de la crisis no se ha superado totalmente y persisten desafíos significativos». Y es que, la brecha de nuestro país entre el 20% más rico de la población y el 20% más pobre es una de las más elevadas de la Unión Europea, y continúa al alza. Por su parte, el índice de Gini (el indicador de desigualdad por excelencia) se sitúa asimismo entre los más altos de la UE.
Por ello, pese a que hay que reconocer los incuestionables progresos experimentados por la economía española en los tres últimos años de expansión, esto nos recuerda que hay que seguir adoptando políticas públicas que promuevan la creación de empleo y de riqueza. Esa es la manera más eficiente y sostenible a largo plazo de que, al mismo tiempo que las personas se realizan, se reduzca la desigualdad social y el riesgo de pobreza.
