Uno de los objetivos del nuevo Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas (SCPT) es dar datos concretos para que la opinión pública esté informada sobre la equidad del reparto territorial, tanto del gasto público como de los ingresos tributarios que lo financian. Ayuda así a comprender qué parte de los saldos fiscales regionales deberíamos calificar como impresentables agravios, pues implican fuertes diferencias de trato entre colectivos de ciudadanos con necesidades similares e idénticos derechos en función solo del territorio donde viven.
Tomando los cálculos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), podemos observar el flujo total redistributivo per cápita que generan los programas presididos por una lógica territorial, en el promedio de 2005 y 2011-2014. Se excluyen los gastos en bienes públicos de ámbito nacional que favorecen a todos los ciudadanos, y aquellos destinados a protección social y regulación económica. Quedan, por tanto, dos grandes grupos de programas cuyos costes y beneficios sí se distribuyen con un criterio regional: en primer lugar, el gasto territorializable en sentido estricto (financiación regional y local, inversión en infraestructuras y transporte, ayudas autonómicas, y gasto estatal en servicios colectivos o de ámbito local como sanidad, educación o seguridad ciudadana). Y, en segundo, las rebajas impositivas que, dentro de la normativa tributaria, permiten a ciertas comunidades disfrutar de sustanciosas reducciones que podrían considerarse como ‘ayudas fiscales’.
Este volumen de flujos (la suma de ambos grupos de gasto) asciende a 10.848 millones de euros, lo que representa un 1% del PIB total de España durante los años analizados. En el gráfico, los datos en negativo implican que esa comunidad paga más impuestos por habitante que la media, o que recibe menos inversiones. Cabe destacar la menor presión tributaria per cá- pita sobre las regiones con regímenes especiales, las cuales acaparan 3.200 millones. De éstos, el País Vasco recibe 2.La Rioja euros por habitante y Navarra, 1.342 euros. Estos beneficios supuestamente provienen de los bolsillos de cada valenciano, murciano, andaluz, madrileño, catalán, balear y castellano manchego. Los valencianos son los más perjudicados en este reparto, pues cargan cada uno con un déficit de 702 euros, seguidos por los murcianos (-569) y los andaluces (-358). El País Vasco es la región más sobrefinanciada gracias a su concierto con el Estado.
Estas diferencias tan notables entre autonomías son difíciles de justificar. Tal volumen de gasto fiscal resulta cuestionable desde la equidad territorial y, por tanto, convendría replantearlo para corregir estos agravios. Eso no quita que las inversiones que precisa una comunidad con una población pequeña y muy diseminada en el territorio sean mayores que las que concentran los habitantes en pocos municipios. Por eso el planteamiento desarrollado soporta muy mal la crítica de muchos prestigiosos economistas. Éstos afirman que los tributos los pagan los ciudadanos, no los territorios.
