Los políticos quieren hacernos creer que emplear sale barato en España, pero no es así. Aunque el salario mínimo interprofesional (SMI) parece bajo, el análisis de los 34 países de la OCDE muestra que España resulta el noveno más caro. La subida del SMI entre 2004 y 2020 ascenderá a un 84,5%, mientras que la de los precios se cifrará en un 32,1%. Este incremento dispar perjudica la competitividad, porque el coste mínimo de contratar se encuentra al nivel de países con una renta per cápita más elevada y, además, lejos de otros con rentas medias-altas, a los que España se asemeja más.

Mientras que otros países imputan la carga de la tributación al trabajador, España la deposita en la empresa. Esto provoca que un menor SMI tenga más coste para esta que en otros países y que, a la vez, suponga un mayor ingreso neto para los empleados. Nuestro país es el cuarto de la OCDE en el que el porcentaje que representa el pago de la Seguridad Social sobre el coste bruto del trabajador es mayor.

La solidaridad genuina es aquella que ayuda a los que de verdad no pueden valerse por sí mismos. Sin embargo, cuando el control de la mayor parte de la riqueza producida lo ostenta un Gobierno, los políticos caen en la tentación de adoptar medidas populistas que les den votos. Este clientelismo lleva a proporcionar múltiples prestaciones, a coste cero, a personas que, pudiendo trabajar, optan por subsistir a base de subvenciones. Todo un arte que lleva a vivir mejor que los que se esfuerzan en empleos poco remunerados. Un SMI mayor se traducirá en breve en subsidios más altos, con lo que se desincentivará la búsqueda de empleo.

Además, subir el SMI supone eliminar del mercado laboral a aquellos empleos cuyo valor añadido no alcance el coste que tienen para la empresa. También implicaría que todos los salarios con cláusulas ligadas al SMI serían revisados al alza, lo que perjudicaría la competitividad de nuestro tejido productivo.

La solución para mejorar las condiciones de quienes más lo necesitan, como los trabajadores con cargas familiares, es un impuesto sobre la renta que pueda ser negativo, y que, así, les “devuelvan” más dinero que el que a ellos se les ha descontado, y que este abono se anticipe al momento del cobro del salario. En España hay ideas factibles que mejorarían el bienestar, pero falta audacia en los políticos para hacer pedagogía. Prefieren endeudarse para quedar bien en un efímero presente, en lugar de explicar que mejorar en el largo plazo exige austeridad. Se atreven al derroche porque lo pagarán las siguientes generaciones. Y esas no votan en las próximas elecciones.