España es la campeona de Europa en… deuda y déficit públicos
16 de julio de 2018
Por admin

Si se excluye a la fallida economía griega, España es el país europeo en el que el porcentaje de deuda pública con relación al PIB más ha crecido en el último decenio. Si en 2007 era de un 35,6%, el año pasado ascendió al 98,4%. Este subidón de 62,7 puntos porcentuales constituye una catástrofe, provocada por unos políticos que, en lugar de cumplir con su deber y hacer pedagogía de la austeridad, se han dedicado a lo contrario: a gastar lo que no tenían a costa de endeudar a las generaciones siguientes. 

Las naciones con más endeudadamiento (medido en porcentaje del PIB) en 2017 fueron Grecia (178,6%), Italia (131%), Portugal (125,7%), Bélgica (103,1%) y España (98,3%). Si excluimos los dos países intervenidos (Grecia y Portugal), el nuestro es el más vulnerable del trío restante, debido a que el déficit público español es el mayor de Europa (3,1%), y el único sometido a vigilancia. Lamentablemente, nuestro Ejecutivo hace oídos sordos a las recomendaciones del FMI de ahorrar para disponer de un previsor colchón fiscal que amortigüe esa crisis que, inevitablemente, vendrá en menos de un lustro. ¿Se imaginan lo que sufrirá nuestra economía si su prima de riesgo se dispara, tal como pasó en julio de 2012? En julio de ese año el bono estuvo en el 7,6%.

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Es de temer que Pedro Sánchez priorice contentar a quienes lo han aupado al cargo. En esa línea se enmarca su disposición a elevar el techo de déficit en 15.000 millones. Quizá haya quien crea que ese dinero extra lo van a pagar los bancos, las grandes empresas (especialmente las multinacionales de distribución) y los ricos. Pero ese brutal aumento del gasto público saldrá del bolsillo de los de siempre: los ciudadanos de clase media.

Juan Rosell ha ejercido su responsabilidad como presidente de la CEOE advirtiendo de las consecuencias de las propuestas de Sánchez: (a) paralización de inversiones, sobre todo si se toca la exención a ventas societarias y plusvalías del extranjero; (b) fuga de empresas y de holdings, en caso de que se incremente el impuesto de sociedades; (c) más inseguridad jurídica por tantos cambios súbitos, que perjudican la fiabilidad de España a la hora de atraer compañías, y (d) pérdida de competitividad de las empresas españolas, un deterioro que incidirá negativamente en el empleo, ya que se trasladará la producción a países donde el coste fiscal resulte menor.

Lo sensato sería hacer caso a Europa y disminuir nuestro descontrolado déficit; pero no. Se hará lo que interesa al populismo imperante: gastar para generar una falsa sensación de bonanza en los dos años preelectorales, a costa de hipotecar, más todavía, la situación posterior. Y el que venga detrás que arree. 

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