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"Cuando los políticos se acostumbran a asignar recursos, los recursos siempre acaban siendo asignados a los políticos", P. J. O'Rourke

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Hasta qué punto son compatibles la salud y la libertad

El Mundo (suplemento Actualidad Económica),
9 de julio de 2018

Los últimos años se han caracterizado por un incremento de la regulación en materias clave de nuestra vida, y especialmente, en lo que respecta a la salud. La razón para justificar esta tendencia es rebajar los costes sanitarios derivados de enfermedades que se podrían conviertan en problemas crónicos, ciertamente gravosos.

Sin embargo, hay una gran diferencia entre una necesaria estrategia de salud pública a largo plazo y el control casi absoluto de lo que consumimos con la excusa sanitaria. El Estado se convierte así en una niñera, que nos dice qué comer o beber, aunque muchas veces no haya evidencia prevenir y tratar antes de que se empírica (o sea contradictoria) sobre si ciertos productos resultan perjudiciales o no. Para señalar esta presión regulatoria, la red europea de think tanks Epicenter, de la que forma parte Civismo, ha publicado un estudio en el que cuantifica este tipo de paternalismo: el Nanny State Index o Índice del Estado Niñera.

Contempla cuatro categorías: alcohol, cigarrillos electrónicos, comida y refrescos, y tabaco. En términos generales, la legislación europea resulta muy proteccionista, si bien hay diferencias notorias en la postura, por un lado, de los grupos políticos liberales y reformistas y, por otro, de los verdes, socialdemócratas o democristianos. El número de iniciativas legislativas en materia de prohibiciones alimentarias, restricciones o publicidad de productos se ha multiplicado, y las disposiciones se tienen que cumplir en cada uno de los estados miembros, sin que por el momento se conozcan los beneficios de esta clase de regulación.

Así, los países más proteccionistas no son los que gozan de la mayor esperanza de vida al nacer. Por ejemplo, Grecia, Francia y los nórdicos mantienen una regulación férrea contra el tabaco, el alcohol o los azúcares, pero esto no se ha traducido en una mejora significativa de la longevidad, según los últimos datos, de 2015, de la OCDE. Dejando a un lado los países del este que se han incorporado recientemente a la UE y que traían de base una esperanza de vida menor, tampoco hay correlación en sentido contrario, es decir, para los países menos intrusivos con los hábitos de vida: Reino Unido, Holanda o Dinamarca cuentan con altas tasas de supervivencia por encima de los 80 años, y sus regulaciones son más laxas que las de Francia o Alemania.

España destaca como niñera, papel que ejerce a través de una alta presión impositiva materializada en los tributos especiales y la maraña de gravámenes autonómicos. Al hacerlo, se aplica una doble vara de medir: cuanto más se gravan estos productos con el objeto de desincentivar su consumo y reducir el gasto público en sanidad, más recauda el Estado. De ahí, y no de otra fuente, nace el conflicto artificial entre la salud impuesta por los políticos y la libertad personal. 

Hay una gran diferencia entre una necesaria estrategia de salud pública a largo plazo y el control casi absoluto de lo que consumimos con la excusa sanitaria.

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