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La expansión del alquiler turístico

Periodicos del Grupo Vocento,
9 de septiembre de 2018

El boom del turismo en la economía española está transformando el sector inmobiliario residencial, adaptándolo a la nueva demanda, ya sea nacional o extranjera. Un flujo de viajeros como el actual, cercano a los 80 millones de personas, exige una provisión mayor de alojamientos. Por ello, y dada la oferta limitada de vivienda, muchos propietarios están cambiando la naturaleza de su arrendamiento. Si hasta ahora se ofrecían alquileres por el mínimo de años que exige la Ley, ahora lo hacen como alquiler turístico, a través de plataformas de economía colaborativa como Airbnb o Rentalia, o ponen en el mercado segundas viviendas que la mayor parte del año estaban vacías.

Estos cambios han provocado innumerables tensiones políticas y regulatorias, al producirse en paralelo el encarecimiento de los precios del alquiler residencial en el centro de las grandes ciudades. Así, en Madrid o Barcelona, éstos se encuentran, en promedio, entre los 14 y los 18 euros por metro cuadrado, según la estadística trimestral de Idealista. Esta subida, junto con un incremento de los conflictos vecinales derivados de la presencia de turistas, está incrementando el intervencionismo de los ayuntamientos para limitar el uso de la vivienda con estos fines. Sin embargo, una vez más, la fuerza del mercado y la transformación digital van por delante, favorecidas, además, por la protección jurídica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Y es que la Ley Ómnibus europea obliga a la liberalización del comercio de servicios desde hace casi una década, y desregula la protección de la industria hotelera, que hasta ahora tenía una posición de dominio. Pese a ello, las ordenanzas municipales la están vulnerando, introduciendo barreras a la competencia mediante la prohibición o restricción de los pisos para alquiler turístico (por alturas, tipos de edificios, duración mínima de la estancia, licencia obligatoria para ejercer la actividad…). Estas políticas están reduciendo aun más la oferta, lo que aumenta las presión alcista de la demanda.

En este sentido, las regiones más intervencionistas han visto disminuir el número de plazas de alquiler turístico, al tiempo que han crecido las hoteleras. Según el Instituto Nacional de Estadística, es el caso de Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, Canarias y Murcia. Una normativa más estricta en zonas de playa ha llevado al cierre de 6.103 plazas turísticas en Canarias, de 3.672 en la Comunidad Valenciana, y de 1.172 en Baleares. En el lado contrario se sitúan Cantabria, Extremadura y Navarra, donde los datos tienen naturaleza atípica por la regularización masiva de viviendas turísticas y casas rurales, debida a la presión de los Gobiernos regionales.

En consecuencia, el precio promedio por plaza ha experimentado una subida del 4,59% en los seis primeros meses de 2018 con respecto al mismo período de 2017, lo que podría poner en peligro la competitividad de una industria que, a día de hoy, es la locomotora de España. Una negociación inteligente entre los hoteleros y los agentes de las nuevas formas de practicar el turismo podría diversificar la oferta y lograr que todos ganasen. 

Las CCAA más intervencionistas han visto disminuir el número de plazas de alquiler turístico, al tiempo que han crecido las hoteleras

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