Ante el injustificable embrollo provocado por el Tribunal Supremo, la animadversión contra la banca se ha ‘desmelenado’. Han sido muchos los que se han alegrado ante la posibilidad de que los bancos tuvieran que devolver el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), motivo por el que Sánchez, en un alarde oportunista, pretende contradecir ahora la decisión judicial. Conviene dejar claro que los únicos perjudicados por la marcha atrás de la sentencia son quienes ya tenían una hipoteca. Los nuevos solicitantes se quedarían igual aunque el tributo lo pagara el banco, porque, si así fuera, éste lo repercutiría inmediatamente al cliente mediante una subida de tipos de interés.
Además, hay que recordar que no son las entidades bancarias las beneficiadas por el impuesto, tal como esgrimía la primera sentencia del Supremo, sino las comunidades autónomas, ya que el impuesto está cedido a ellas y, ante eso, nadie rechista nunca. Eso sí, el tipo varía mucho de unas a otras. Así, Navarra y País Vasco exigen un 0,5%; Madrid, un 0,75%; Canarias, Cantabria y La Rioja, un 1%; y casi todas las demás, un 1,5%. Al margen de que en unas resulte más oneroso que en otras, la clave de fondo reside en dilucidar si este impuesto tiene sentido, al gravar un bien de primera necesidad. Esta cuestión ya la han planteado Reino Unido, Suecia y Finlandia con el ‘stamp duty’, el equivalente al AJD español.
Sin embargo, el impuesto más costoso aplicado a la compra de vivienda de segunda mano es el de Transmisiones Patrimoniales, el cual también cambia mucho según nos movamos por la geografía nacional. Si consideramos sólo los tipos normales (aquellos sin exenciones especiales), sobresalen con un 8% Galicia y la Comunidad Valenciana; y con un 7%, Castilla-La Mancha y Extremadura. Los tipos más bajos corresponden a Murcia, con un 3%, seguida de Asturias, Baleares, Andalucía y Aragón, con un 3,5%. También resulta muy diferente la cuantía media de la hipoteca de las comunidades, lo que acaba por agregar un factor más a la disparidad del coste de la vivienda. Las más caras son las de Madrid (163.956 euros), Baleares (159.432 euros) y Cataluña (138.079 euros); y las más bajas, las de Extremadura (74.071 euros), Murcia (77.072 euros) y La Rioja (83.794 euros).
El coste de la hipoteca importa, porque la recuperación de precios de los inmuebles ha hecho de nuevo atractiva la inversión inmobiliaria. El español medio prefiere esforzarse en ser propietario, propensión que se traduce en que un 83% de las familias posean una vivienda en propiedad y un 40%, una segunda. Constatada esta preferencia, habría que preservar el sistema hipotecario de la inseguridad jurídica y de los bandazos políticos demagogos. A fin de cuentas, no hay que olvidar que, tal como sostiene el profesor Francisco Cabrillo, el préstamo hipotecario no sólo favorece a la entidad prestataria, sino también al cliente, pues, al existir una garantía inmobiliaria, el interés satisfecho por éste resulta más reducido que el de otros tipos de préstamos.
