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Nuestra historia, amenazada

Periodicos del Grupo Vocento,
11 de febrero de 2018

A los múltiples problemas económicos derivados de la ‘España vacía’, se une uno no menos importante: el déficit de conservación de una gran cantidad de bienes de patrimonio histórico repartidos por el territorio. Una España rural cada vez menos poblada y con una población más envejecida obliga a concentrar los recursos disponibles en la atención básica de sanidad y dependencia, en detrimento del cuidado y restauración de monumentos que son el símbolo de nuestra civilización e identidad cultural.

Si bien todas las regiones han emprendido numerosas acciones para la conservación del patrimonio histórico, tanto con fondos propios como europeos, no ha sido suficiente para evitar la ruina de importantes monumentos y el mal estado de otros.

La laguna dejada por el sector público está siendo ocupada parcialmente por el privado, el cual, a través de asociaciones, fundaciones, la Iglesia católica y algunas empresas, está acometiendo planes de reconversión y restauración. Lo hace, además, en un marco regulatorio muy hostil, que ‘ni come ni deja’. Aparte de conceder muy pocas facilidades fiscales, obstaculiza constantemente los trabajos, con inspecciones y retrasos administrativos en los permisos o en las convocatorias públicas. Por no hablar del Impuesto de Patrimonio que el fisco exige a los propietarios de algunos de estos bienes con un coste de mantenimiento elevado.

A día de hoy es fácil conocer cuántos bienes inmuebles (dejamos a un lado los muebles, que merecerían un análisis distinto) hay catalogados por comunidades autónomas, y cuántos de ellos se encuentran en estado de ruina actual o inminente. Gracias a los datos recabados por la Asociación Hispania Nostra y los que incluye el Anuario de Estadísticas Culturales 2017 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, observamos que Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha son las regiones donde hay un mayor número de monumentos a punto de desaparecer.

Coincide con el hecho de que, por ejemplo, Castilla y León es la comunidad donde el proceso de despoblación del medio rural está siendo más intenso, mientras que Andalucía y Castilla-La Mancha acusan una caída importante de los recursos destinados a la inversión en patrimonio que no sea prioritario. Así, están desplazando fondos hacia los conjuntos artísticos que generan abundantes ingresos por turismo y descuidando el resto, olvidando el hecho de que la región andaluza atesora una quinta parte del Patrimonio español en bienes inmuebles, seguida de Baleares (17,6%) y Cataluña (13,7%).

Otras regiones como Cantabria, Asturias, Comunidad Valenciana o Extremadura tienen menos monumentos en esta ‘lista roja’, pero su número se ha incrementado considerablemente en los últimos años. En el fondo, el problema radica en que no existe un modelo de mecenazgo potente comparable con el de nuestros socios europeos, y muchísimo menos con el de Estados Unidos. Y eso, desgraciadamente, nos puede costar la desaparición de nuestra historia. 

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