Aunque los políticos nos quieran convencer de lo contrario, no hay nada gratis, y menos en lo que a gasto público se refiere. La obsesión en los últimos años por no reducirlo de una vez por todas –y, de esa forma, aligerar la deuda de más de 22.000 euros que cada español soporta en promedio– ha llevado al Ministerio de Hacienda a regar con miles de millones de euros a las comunidades autónomas, y a costes muy bajos para ellas, asumiendo de facto toda la deuda de éstas.

Desde 2012 hasta el cierre de 2016, el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) ha financiado a las regiones con 114.000 millones de euros, pero con un reparto enormemente asimétrico: sólo Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía se han llevado exactamente el 80% de todo el dinero disponible. En este sentido, no es casualidad que las dos primeras sean las que tienen mayor deuda regional por habitante y, en el caso de Cataluña, la que también deja una carga de intereses más elevada a sus ciudadanos: 126 euros anuales debe pagar cada catalán en concepto de intereses por los más de 72.000 millones de deuda pública.

Tomando los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda, podemos observar cuál ha sido el verdadero objetivo del FLA: seguir financiando el despilfarro de aquellas comunidades a las que nadie quería prestar dinero en 2012 por el alto riesgo de impago, y encima hacerlo con un coste subvencionado. Esto se traduce en que los habitantes de La Rioja, Castilla y León, Galicia y Madrid, las únicas que no han pedido dinero al FLA, están sufragando la nueva deuda de Catalu- ña, Valencia o Andalucía, y asumiendo además un coste más alto por los intereses. De estas cuatro La Rioja es la única que se salva de este abuso, con un coste financiero promedio del 0,97%, el más bajo de todas las regiones.

Esto se puede interpretar de dos formas distintas. Por un lado, que el sobrecoste que recae en los ciudadanos castellanoleoneses, gallegos o madrileños se considere el peaje que han de pagar por continuar siendo financiera y fiscalmente independientes, manteniendo la puerta abierta a los mercados de capitales. Pero, por otro, podría verse como una transferencia de riesgo desde las CC AA que se acogen a la garantía del Estado hacia las que no lo han hecho. De esta forma, los ciudadanos de las cuatro regiones que no han acudido al FLA (excluyendo País Vasco y Navarra por su régimen foral especial) estarían trasladando renta a las que sí lo han hecho, lo que en definitiva premiaría el endeudamiento.

Así, el FLA ha terminado siendo un sistema que beneficia a los más endeudados, al rebajarles considerablemente la carga financiera (el coste medio de Cataluña está un poco por encima del 1%, 20 puntos básicos por debajo de cómo se financia el Estado con el bono a 10 años) a costa de castigar a las comunidades cumplidoras. Una vez más, el sistema de incentivos juega en contra de la responsabilidad fiscal. Y es un hecho especialmente grave en un momento crucial, en el que se tiene que diseñar el nuevo esquema de financiación autonó- mica.