En los últimos años, la Hacienda española ha sufrido varias derrotas judiciales en los tribunales europeos por impuestos y normativas claramente lesivas para el contribuyente. Entre todas ellas, quizá la más sonada haya sido la que obliga a la supresión del mal llamado “céntimo sanitario” (cuya denominación real es “Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos”, IVMDH), por vulnerar uno de los principios más básicos de todo sistema fiscal: no poner más de un tributo sobre el mismo hecho imponible. Además, se trataba de un impuesto que llevaba aparejada una innegable publicidad engañosa, ya que se quiso convencer al contribuyente de que su fin era una correcta financiación de la Sanidad
En la práctica, el IVMDH se convirtió en un gravamen más a repartir dentro de la tarta autonómica, y en un eficaz mecanismo adicional de recaudación, aprovechando que la demanda de gasolinas y gasóleos es marcadamente inelástica: echar combustible a un coche se trata de un bien de primera necesidad para todos los usuarios de vehículo particular, y lo es más todavía para las familias el gasóleo empleado para calefacción. Por mucho que suba el precio, la demanda apenas reacciona a la baja.
Así, la distribución minorista de combustibles se ha convertido en el “blanco” perfecto de Hacienda, ya que reúne una serie de cualidades extraordinarias en términos de coste-beneficio, al permitir maximizar la recaudación con el mínimo coste de inspección: se trata de un bien de consumo diario en un mercado líquido, en el que la probabilidad de fraude es más reducida que en otro tipo de impuestos y se cuenta con el apoyo de los agentes de Tráfico a la hora de detectar consumos indebidos de gasóleo bonificado. También es un objetivo fácil para patronales, lobbies y la propia Comisión Europea, desde donde piden que la fiscalidad medioambiental o las tasas para financiar planes de infraestructuras salgan de este impuesto.
Por todo esto, y a pesar de la sentencia desfavorable de los tribunales europeos, el Estado no podía perder semejante instrumento recaudatorio, por lo que decidió reformarlo para encajarlo en la legalidad, fusionando el IVMDH y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. Esto permitía que, hasta la fecha, hubiese un tramo estatal de 24 euros por cada 1.000 litros de combustible y otro autonómico con un tope de 48 euros por cada 1.000 litros (4,8 céntimos por litro). Así, el “céntimo sanitario” pasó de la ilegalidad a transformarse en una herramienta de competencia fiscal entre regiones. Tal como puede verse en los tipos vigentes de los tramos autonómicos para 2018, hasta ocho CCAA tienen el tipo más elevado del impuesto, provocando que los consumidores se desplacen hacia otras limítrofes donde no existe o es menor.
Un caso de manual es el de Galicia y Asturias, donde los conductores que lindan con Castilla y León repostan en sus gasolineras para ahorrar 4,8 céntimos en litro, es decir, 2,4 euros cada vez que llenan el depósito. De este modo, esta comunidad, gracias a no soportar gravamen autonómico, se beneficia de un mayor negocio de sus estaciones de servicio. Además, en términos fiscales, el efecto es neutro, porque sigue recibiendo el 56% que le corresponde en el reparto de la recaudación total del Impuesto de Hidrocarburos, en virtud de la Ley de Financiación Autonómica (LOFCA).
Más difícil lo han tenido los contribuyentes de Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña o Extremadura, ya que en sus alrededores el impuesto existe, por lo que no pueden eludirlo. El mayor problema vendrá a partir de ahora, cuando, tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, se produzca una armonización del impuesto a nivel nacional, que obligará a todos los contribuyentes a pagar en cualquier parte de España 7,2 céntimos de euro por litro de gasolina. Esto significa triplicar la presión fiscal sobre cántabros, navarros, vascos, castellanoleoneses, riojanos y canarios.
La justificación para esta armonización es que España tiene una de las fiscalidades sobre hidrocarburos más bajas de Europa (un tercio inferior que en Alemania o un 30% menos que en Francia). Pero nuestro país soporta un tipo general del IVA más alto que el germano o el galo, que también se aplica sobre el gasóleo o gasolina. Además, esto perjudicará sobre todo a las familias, puesto que el 79,68% de la recaudación se obtiene del gasóleo de automoción, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, correspondientes a 2015.
En cuanto al destinado a calefacción, los ciudadanos de Baleares son los que pagan el litro más caro de España (1,2 céntimos), seguidos de los 0,6 céntimos de Asturias, Murcia y Cataluña. Estos últimos soportan la misma presión fiscal por este concepto que los alemanes, y sólo un 10% menos que los franceses.
En suma, si a los políticos les preocupa la pobreza energética, en vez de meterse con las eléctricas y las gasistas en el tono populista en que lo hacen, deberían suprimir un gravamen tan desproporcionado como éste, e introducir más competencia en un sector que mostró signos de apertura con la Ley General de Hidrocarburos de 1998, pero que, veinte años después, continúa presentando unas elevadas barreras de entrada y unas restricciones enormes para la puesta en marcha de nuevos puntos de venta.
