El Impuesto sobre determinados servicios digitales (IDSD) que España pretende implantar, tal y como viene definido en el Anteproyecto de Ley que lo regula, influirá negativamente en la economía, al afectar a toda la cadena de valor, según un informe realizado por Think Tank Civismo acerca de su impacto.
Este tributo, que recae sobre los servicios de publicidad e intermediación en línea y de venta de datos proporcionados por el usuario, repercutiría en la oferta, los mercados mayorista y minorista, y la demanda. Así, los veinte millones de consumidores del sector digital (entre particulares, pymes y autónomos) sufrirían un sobrecoste de 0,47 euros en cada compra electrónica que realizaran; y las empresas sujetas al impuesto (aquellas cuya cifra de negocio supere los 750 millones de euros, y cuyos ingresos derivados de la prestación imponible estén por encima de los tres millones) reducirían su margen bruto en 178 millones de euros, mientras que su rentabilidad caería más de dos puntos porcentuales. Esto hará que nuestro país pierda atractivo inversor, e incentivará a las compañías a establecer sus sedes fuera de nuestras fronteras.
No en vano, este impuesto, con el que España adopta «una solución unilateral», supone en la práctica un arancel, al gravar el comercio digital dentro de nuestro país y no el efectuado con una contraparte no residente. Por tanto, según subraya el informe, se está ejerciendo una discriminación entre el mercado exterior y el interno, el cual supone el 36,5% de todas las transacciones digitales.
A la falta de consenso entre los países miembro de la UE, se suman otros problemas derivados del diseño del impuesto, con el cual se pretenden recaudar 930 millones de euros. Por ejemplo, que, pese a haberse concebido como un tributo indirecto, incorpore elementos de imposición directa, como la identificación de las compañías que lo soportan; o que dé por sentada la existencia de una serie de medios técnicos para su correcta implementación que, actualmente, son difíciles de articular y que también conllevarán un sobrecoste.
De este modo, las pérdidas permanentes en la cadena de valor, la disminución de la inversión, los incentivos a la deslocalización de la innovación, los perjuicios económicos sobre la demanda, así como el efecto sustitución de los contenidos digitales gravados en favor de los que no lo están, podría suponerle pérdidas de 302 millones de euros a un sector compuesto por 9.800 empresas, las cuales generan casi 40.000 puestos de trabajo, y pondrá freno a su tasa de crecimiento anual, que es del 4,8%.
