El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 ha arrojado aún más interrogantes sobre la marcha de las cuentas públicas en los próximos meses, especialmente en materia de ajuste para cumplir con los objetivos de déficit (un 1,3% en 2019).

Los números presentados pretenden usar recursos de naturaleza cíclica para financiar gastos estructurales. Esto perjudica la estructura productiva de España, y más con un déficit estructural del 2,7% del PIB y uno primario del 0,5% del PIB. Antes bien, hay que preparar las cuentas (fortaleciendo el PIB potencial) para afrontar la más que probable entrada en recesión de las economías occidentales entre el tercer y el cuarto trimestre de 2020.

Uno de los puntos más necesarios pasa por la estabilización del nivel de Deuda Pública sobre PIB y por su posterior reducción. El Gobierno podría trabajar en ello mediante la generación de un superávit primario por encima del 2% del PIB, para lo que tendría que acometer un importante ajuste de gasto público. Sin embargo, las medidas contempladas en el acuerdo con Podemos tienen un coste de 5.730 millones de euros en un solo año, del cual un 95% acabará siendo de carácter estructural.

Para financiarlo, optan por una serie de subidas fiscales y nuevas figuras impositivas, sobre las que descansa casi la mitad de la recaudación adicional, cifrada en 7.200 millones de euros. No obstante, estimar los ingresos que puede generar un nuevo tributo es un ejercicio que reviste una probabilidad muy elevada de desviación. A ello hay que añadir que esta previsión se basa en una elasticidad de los ingresos fiscales sobre el PIB totalmente irreal, y que la legalidad de algunos de los nuevos impuestos entraña serias dudas si no se articulan bajo una legislación comunitaria.

PLAN DE AJUSTE PRESUPUESTARIO: UNA PROPUESTA

El peligro de incumplimiento de los objetivos pactados con la Comisión Europea urge a la aprobación de un plan de ajuste presupuestario. Para lograrlo, Civismo calcula que, entre 2019 y 2020, el déficit público deberá descender desde el entorno del 2,8% en el que cerrará previsiblemente 2018 hasta el 1,3% en 2019. Esto implica un recorte de 1,65 puntos de PIB: casi 20.000 millones de euros nominales. De éstos, unos 18.000 millones tendrían que venir de la Administración Central del Estado, de los Organismos Autónomos y de la Seguridad Social, mientras que los 2.000 millones restantes procederían de las CC.AA.

El ajuste del gasto consolidado no financiero de la Administración Central del Estado, los OO.AA. y la SS podría descansar fundamentalmente en los capítulos de Gastos de Personal (3.000 millones de euros) y de Transferencias Corrientes (4.000 millones menos), que junto a otras minoraciones en los de Gastos corrientes, Gastos financieros, Inversiones reales y Transferencias de capital, sumarían un recorte de 10.000 millones de euros. En cuanto a los ingresos, podrían incrementarse en 8.000 millones a través de impuestos directos (7.000 millones en concepto de IRPF o Sociedades) e indirectos (1.000 millones).

En cuanto a las CC.AA., la partida más importante susceptible de ajuste (1.000 millones) pertenecería al Capítulo IV de Transferencias Corrientes, y los otros 1.000 millones provendrían de Gastos de Personal y de Gastos Financieros, gracias este último al ahorro en intereses de la Deuda.