El Estado eleva el gasto estructural -sin contar los desembolsos por desempleo e intereses- por encima del crecimiento acumulado del PIB desde la primera legislatura de Mariano Rajoy, quien accedió al Gobierno en diciembre de 2011 y cuyo primer mandato inició con un sonoro Consejo de Ministros en el que decretó fuertes subidas de impuestos y numerosos recortes para reconducir las Cuentas públicas de la mano del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Tomando 2012 como el primer ejercicio completo de Rajoy en la Presidencia del Ejecutivo, se puede observar que sistemáticamente el gasto estructural del Estado ha aumentado por encima del PIB nominal, en términos acumulados. De hecho, desde 2012 hasta el año en curso, el aumento acumulado del gasto es del 11,3% frente al 8,5% de aumento del PIB nominal (PIB real más inflación).
El incumplimiento de la llamada regla de gasto viene siendo una tónica del Gobierno popular que denuncia reiteradamente la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF), quien en su cálculo de alza de los desembolsos no sólo aísla los incurridos en desempleo en intereses, sino también gastos relativos a la Seguridad Social, aquellos financiados con fondos finalistas de la Unión Europea, así como las transferencias a las comunidades autónomas y las corporaciones locales enmarcadas en el sistema de financiación de las Administraciones territoriales. La citada regla obliga a vincular el aumento del gasto computable al crecimiento del PIB a medio plazo.
También en este sentido se ha pronunciado el think tank Civismo, al afirmar en un reciente informe que «resulta preocupante que se mantenga la tendencia alcista del gasto presupuestario estructural, el cual se ha incrementado en los últimos cinco años por encima del crecimiento del PIB».
AIReF demandó una reforma de la regla de gasto para que su aplicación se homologue con la practicada en otros países de Europa. Como explica el investigador de la Universidad de Essex Javier Santacruz, «en otros países de Europa, la regla de gasto vincula éste al PIB potencial». Dicho parámetro se calcula promediando las tasas de crecimiento de 10 años, los cinco anteriores, el año en curso y los cuatro siguientes según una metodología marcada por la Comisión Europea. A ese parámetro se le añade el impacto de los precios eligiendo la menor de dos cifras: el 2% de objetivo europeo de inflación o el deflactor del PIB fijado en los objetivos de estabilidad.
En España se toma como referencia el crecimiento nominal de la economía a medio plazo. Y para los próximos ejercicios, los recién aprobados objetivos de estabilidad apuntan a una meta del 2,4% (2018); 2,7% (2019) y 2,8% (2020). De rebasar el alza del gasto estructural estas tasas de variación el Estado debe granjearse ingresos suficientes para compensar el exceso.
Lo cierto es que pese a los recortes y a iniciativas de reducción del peso de la Administración, como la CORA (Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas), impulsada en 2012 y capitaneada por la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, el gasto estructural sigue aumentando con fuerza en el Estado. Y ello no se puede achacar a los estabilizadores automáticos -los desembolsos vinculados a la fluctuación del ciclo- ya que el desempleo, junto con los gastos financieros, entre otras partidas, están fuera de este cómputo.
En cualquier caso, las medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy han conseguido una fuerte reducción del déficit público. Eso sí, salvo en 2016 -y con un alivio del objetivo por parte de Bruselas- no se ha cumplido la meta marcada por Bruselas en ningún ejercicio. Ello aunque el Ejecutivo popular ha conseguido reducir el saldo negativo de las cuentas públicas a prácticamente la mitad desde que ganó las elecciones en diciembre de 2011 y heredó un desvío cercano al 9% del PIB, frente al desajuste del 4,54% con el que cerró el saldo negativo el ejercicio anterior.
