El Consejo de Ministros aprobará este próximo viernes los Presupuestos Generales del Estado en lo que supone el eje fundamental sobre el que girará la actividad económica el próximo ejercicio, en esta ocasión con el desafío secesionista marcando la agenda. Rajoy se lo juega todo a una carta. Del apoyo parlamentario a las Cuentas del próximo año depende que la legislatura se pueda prolongar por lo menos hasta 2019, algo que el presidente necesita para que los efectos de las reformas económicas se perciban con una nitidez todavía mayor y, así, contar con más bazas electorales. De hecho, Mariano Rajoy se ha fijado ese año como meta para recuperar los niveles de empleo previos a la crisis, con 20 millones de ocupados, algo que podría avalar su gestión. Sin embargo, esto también juega en su contra, ya que el resto de los partidos saben que el PP necesita su apoyo para tramitar las Cuentas.
Tanto el Partido Nacionalista Vasco (PNV) como Nueva Canarias (NC) y Coalición Canaria (CC) sacaron un amplio rédito a sus escaños este ejercicio y podrían tratar de repetir la jugada sabiendo que no hay prácticamente ninguna coalición alternativa, mientras que Ciudadanos exigirá consolidar e incluso aumentar el gasto social. Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha anunciado que esta vez los PGE volverán a ser “una palanca para dinamizar la economía”, pero está por ver hasta qué punto el Gobierno puede abrir la mano y, al mismo tiempo, cumplir con los objetivos de déficit marcados por Bruselas. En esta tesitura, señalan los expertos, puede existir la tentación de cuadrar el círculo en unas previsiones macroeconómicas demasiado optimistas que hagan unas previsiones de ingresos irreales y que acaben forzando subidas de impuestos al final del año, algo que no sentaría bien a la economía. Por ello, los expertos consultados por EXPANSIÓN reclaman al Ejecutivo unas cuentas públicas austeras y realistas, que minimicen estas alzas tributarias.
Mantener la austeridad presupuestaria.
En líneas generales, los expertos señalan que el Presupuesto que tiene que aprobar el Ejecutivo se debe regir por la austeridad para evitar una nueva subida de impuestos que dañaría el crecimiento del PIB. Se trata de un reto muy complicado, debido a la necesidad de volver a articular un pacto parlamentario que ya era muy frágil en junio. Es cierto que el Ejecutivo cuenta con varias partidas que van a seguir reduciéndose, como los intereses de la deuda o los subsidios de desempleo, pero también lo es que estos descensos comienzan a desacelerarse y que, a cambio, otras partidas como las pensiones, siguen en ascenso.
Acelerar la reducción de deuda.
Una de las razones para mantener el control del gasto es que la deuda sigue en niveles que rozan el 100% del PIB. “Es mejor ahorrar ahora y reducir de un poco más la ratio de deuda sobre el PIB para poder utilizar el gasto público, si hiciera falta, cuando llegue una nueva fase de crisis. Porque, tarde o temprano, las crisis siempre llegan”, señala Michele Boldrin, profesor de la Universidad de Washington en San Luis e investigador de la Reserva Federal de esta ciudad. A esto hay que sumar que los intereses de la deuda están en retroceso porque el Banco Central Europeo está inundando de liquidez el mercado de renta fija, lo que rebaja considerablemente los tipos de los bonos españoles, pero esta tendencia puede cambiar en los próximos meses, conforme Mario Draghi comience a rebajar estos estímulos, algo que podría anunciar ya el próximo mes de de octubre.
Apuesta por la inversión y la I+D.
Algunos economistas confían en que o bien la bajada de gastos administrativos o bien la subida de ingresos tributarios den un cierto margen para subidas concretas del gasto en inversión y en I+D, las partidas que tendrían un mayor efecto para sostener el crecimiento económico en el largo plazo. Con todo, el economista jefe de Tressis Gestión, Daniel Lacalle señala que “ya no estamos en una época de recesión, por lo que no tiene sentido utilizar los estabilizadores automáticos keynesianos para impulsar la economía, porque ahora el sector privado ya puede tirar del carro y la intervención pública no lo impulsa, sino que lo lastra”.
Recortar los gastos de personal.
Por el contrario, los expertos se centran en rebajar los gastos de personal, algo que se hace más necesario ahora que el número de funcionarios en las comunidades autónomas ya supera los niveles previos al estallido de la crisis. En su opinión, la digitalización que ha acometido el Estado durante los últimos años puede ser la palanca para acometer un fuerte ajuste entre los perfiles administrativos, lo que permitiría liberar recursos para contratar a médicos, profesores o investigadores. Asimismo, reclaman incentivos para que cada área ajuste sus gastos en la medida de sus posibilidades.
Bajar impuestos o mejorar su estructura.
Los economistas están divididos sobre si sigue habiendo margen para rebajar impuestos. Algunos señalan que ésta es la única opción para presionar por una mayor bajada del gasto público y, al mismo tiempo, dar una mayor capacidad a ciudadanos y empresas para impulsar la actividad y rebajar su nivel de deuda. Esta tendencia se puede apoyar en los aumentos de recaudación derivados del crecimiento económico. En cambio, otros señalan que es preferible destinar estos mayores ingresos a reducir el volumen de deuda, de forma que se reduzca la carga de intereses y la vulnerabilidad de la economía española en el futuro. En este sentido, Boldrin aboga por mantener la presión fiscal reponderando el peso de los distintos tributos. En este sentido, habla de bajar el IRPF y el Impuesto de Sociedades y subir a cambio IVA, Especiales, IBI y Patrimonio para impulsar la economía. En un reciente estudio de BBVA Research también se señalaba que rebajar las cotizaciones sociales en 3,5 puntos y elevar los impuestos indirectos en 2 enteros para compensar este desfase podría generar 220.000 empleos.
Minimizar las concesiones.
Otro de los puntos clave son las concesiones en el trá- mite parlamentario. Aunque es necesario que el Gobierno tenga una cierta flexibilidad para asegurarse el apoyo del Congreso, los expertos le reclaman que no vaya tan lejos como en los Presupuestos de este año, cuando el PNV obtuvo 1.400 millones para el País Vasco y el único diputado de Nueva Canarias arrancó otros 250 millones. A esto hay que sumar el coste del pacto con Ciudadanos, que supuso un aumento del gasto de 4.100 millones de euros. Aunque sería posible consolidar este incremento e, incluso, ir más allá, si se tienen en cuenta la posible subida de la recaudación o ajustes presupuestarios en algunas áreas, los economistas llaman a frenar este impulso. La razón es doble. Por un lado, estas concesiones en la mayoría de las ocasiones son gastos discrecionales e improductivos, por lo que no contribuyen a sostener el crecimiento del PIB en el largo plazo. Por otro, porque una mayor flexibilidad en un primer momento puede abrir la puerta a peticiones cada vez más decabelladas, sobre la base de que el PP necesita su apoyo para completar la Legislatura. “En caso de negociar, habría que hacerlo con transparencia absoluta y permitiendo que el contribuyente sepa lo que le cuesta el pacto”, señala Francisco Cabrillo, profesor de la Universidad Complutense.
Embridar a las comunidades autónomas.
La mayoría de los economistas también coinciden en que el mayor peso del ajuste lo tienen que realizar las comunidades autó- nomas. Una forma de lograr esto desde los PGE sería que la adquisición de deuda autonómica estuviera condicionada al cumpimiento de los objetivos de déficit. Además, esto también significa que el aumento de las transferencias consiguiente a la reforma de la financiación autonómica tiene que ser limitado y centrarse en aquellas regiones que están peor financiadas, como la Comunidad Valenciana o Murcia, mientras que otras deberían salir perdiendo. Además, también se podría rebajar ligeramente la transferencia de renta por parte de Madrid y Cataluña, con el objetivo de rebajar la tensión del nacionalismo catalán y elevar los recursos de los principales polos de creación de riqueza.
Un escenario macroeconómico prudente.
Los expertos señalan la necesidad de encarar el desafío presupuestario en términos realistas y no voluntaristas. Esto es, fijar el techo de gasto de acuerdo con una estimación realista del crecimiento del PIB y de los ingresos tributarios y con los objetivos de déficit, y ceñirse a esta cifra. De otra forma, se incurriría en la misma situación que este año, que está suscitando dudas en algunos organismos nacionales e internacionales sobre la posibilidad de que España vuelva a incumplir el objetivo de déficit. Además de elevar la previsión de ingresos, hay otras trampas que se podrían hacer, como frenar el crecimiento de determinados gastos sin reformas que lo justifiquen o mejorar otros datos, como el precio del petróleo, el comercio internacional o los tipos de interés. Unas previsiones halagüeñas dejarían poco margen de maniobra en el caso de que el ritmo económico se moderara. Y esto parece algo posible, a tenor del enfriamiento del PIB previsto para el tercer trimestre.
Francisco Cabrillo: “No tiene sentido elevar los gastos para impulsar una economía que ya crece al 3%, un país con una deuda que tiene el tamaño de su economía lo que tiene que hacer es reducirla”, subraya Francisco Cabrillo, catedrático de la Universidad Complutense. En su opinión, el Gobierno tiene que aprovechar para aligerar el sector público. Por último, Cabrillo llama al Gobierno a “no abrir tanto la mano en la negociación con otros grupos como el año pasado, ya que eso crea una reputación y el resto saben que es más fácil conseguir cesiones”.
Pedro Schwartz: “El Gobierno cree que todo se resolverá con crecimiento, pero no es así”, señala Pedro Schwartz, catedrático de la Universidad Camilo José Cela. En concreto, se refiere al problema de la Seguridad Social, que va a sumar más de un punto de deuda cada año. “Habría que pensar en un sistema de capitalización para las pensiones porque se está llegando a una situación insostenible”, añade. Por otro lado, reclama a Ciudadanos que “marque la línea de la sensatez” en los Presupuestos, en lugar de reclamar subidas del gasto social.
Rafael Pampillón: “Hay margen de mejora en educación y en nuevas tecnologías”, indica Rafael Pampillón, profesor del IE Business School. “A cambio, es necesario un Pacto de Estado para reducir el gasto administrativo y de las empresas públicas”, observa, ya que “se debería reducir el déficit porque el BCE va a empezar a retirar liquidez y hay algunas señales de debilidad, como la creación de empleo”. Por el lado de los ingresos, Pampillón pide “que todos los productos estén gravados con un IVA del 21% y haya más transferencias a las rentas bajas para compensarlo”.
