Hace prácticamente nada, los españoles desayunaban con una noticia que, si bien no sorprende en vistas de quienes nos han gobernado y gobernarán, no deja de ser preocupante: la deuda pública española subió en mayo en 4.935 millones de euros y supone el 98,2% del Producto Interior Bruto (PIB).

Pero es que, puestos a profundizar e investigar sobre la tendencia endeudicida emprendida por un gobierno cuya mala praxis es reforzada por el actual, nos encontramos con que España ha sido uno de los países europeos donde el nivel de endeudamiento ha crecido más entre 2007 y 2017.

Según una investigación del think-tank pro-mercado Civismo, España es el país europeo en el que el porcentaje de deuda pública con relación al PIB más ha crecido en el último decenio (el segundo si contamos con la quebrada economía helena). Si en 2007 era de un 35,6%, el año pasado ascendió al 98,4%.

Asimismo, consideran que las naciones con más endeudadamiento (medido en relación con el PIB) en 2017 fueron Grecia (178,6%), Italia (131%), Portugal (125,7%), Bélgica (103,1%) y España (98,3%). De hecho, este nivel macroeconómico, en las administraciones públicas, también creció al cerrarse el año 2017.

Para ser más precisos, esta alcanzó un valor de 1,144 billones de euros, unos 37 millones de euros más que al cerrarse el año 2016. Tanto el gobierno central como las autonomías dispararon sus niveles de deuda pública.

En cualquier caso, la economía española corre riesgos financieros, no solo por la subida de tipos de interés que podrían subir en el próximo bienio, siguiendo así la tendencia de la Reserva Federal estadounidense que, obviamente, igual que el Banco Central Europeo (BCE), mejor que no existieran.

La Administración Sánchez ha elevado el objetivo de déficit unas 5 décimas mientras que se plantea no presentar un techo de gasto, eso mismo que nadie ha querido utilizar para reducir drásticamente el gasto público, que estos dispararán, a un coste superior a los mil euros por cada ciudadano.

En cualquier caso, la situación demanda un cambio de rumbo político urgente, que en absoluto requerirá disparar la presión fiscal para seguir gastando bien más o lo mismo que hasta ahora, sino lo contrario.

Urge una considerable reducción del gasto público, que suprima entes y puestos políticos innecesarios, que elimine subvenciones, que liberalice sectores y rompa con el modelo asistencialista. Luego, las autonomías deberían de ser responsables incluso de sus ingresos, y depender de mercados de deuda.

El dinero siempre está mejor en el bolsillo del contribuyente, y no, no hay ningún argumento sólido y coherente que permita justificar la esclavitud de los burócratas de turno en base a un endeudicidio cuyos estragos sufrirán nuestros nietos. Moral, económica y técnicamente, mejor que haya más sociedad y menos Estado.