La conveniencia sobre la llegada de extranjeros a nuestro país como medio para aliviar la presión financiera de las cuentas de la Seguridad Social aparece en la mayoría de proyecciones a largo plazo del sistema público de pensiones. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) publicó recientemente que la población española podría alcanzar los 60 millones de personas en 2050, por un repunte del flujo migratorio y un eventual impulso de la natalidad. Las proyecciones de la Airef contemplan que la población española aumentará tras una llegada a España en ese mismo periodo de tiempo de entre 7 y 10 millones de inmigrantes.
Sobre este aspecto, el coordinador de la Secretaría de Empleo y Seguridad Social de UGT, Antonio González, señala que estamos abocados a compensar el déficit demográfico con la llegada de inmigrantes «si no queremos suicidamos». Aunque esta recepción de extranjeros debe ser ordenada y lo más acorde posible con la demanda del mercado de trabajo, González explica que España no se puede permitir una japonización de su demografía, ya que de lo contrario nos encontraríamos con una congelación del crecimiento económico entre los años 2030 y 2050. De hecho, el representante sindical señala la migración sería clave para engrosar el volumen de población total, y de la que está en edad de trabajar, además de reducir la tasa de dependencia, es decir, de los mayores que necesitan de cuidados sobre el total de la ciudadanía, además de incrementarse la producción y reducirse el gasto en pensiones sobre el PIB.
Estas son unas claves que también toca el secretario general de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen), Manuel Álvarez, quien además distingue entre los efectos del repunte migratorio en el corto y en el largo plazo. En un primer momento, este acicate demográfico sería positivo en términos de crecimiento de la población activa y de la ocupación, lo que conllevaría un alza de los ingresos por cotizaciones, dando un respiro a las cuentas de la Seguridad Social, más aún cuando a partir de 2030 se producirá el aluvión de jubilaciones del baby boom. Sin embargo, en segunda instancia, el Sistema tendría que pagar las pensiones de estos trabajadores de igual modo, lo que supone un agravamiento de la situación «si la Seguridad Social sigue ofreciendo pensiones de duro a pesetas». Para solventar este dislate, el secretario general de Ocopen asegura que sería necesario reformar el sistema de pensiones para que ninguna persona, español o migrante, reciba del Sistema más de lo que ha aportado, además de configurar una política de fronteras «tipo a la de Australia» permitiendo el acceso de personas de manera ordenada.
De hecho, coincidiendo con el representante de UGT, Álvarez señala que hay que huir del «catastrofismo» de las predicciones del INE y Eurostat, que proyectan una coyuntura poblacional más severa que en Japón, donde el cierre de puertas a la inmigración ha provocado un importante alza del gasto sanitario y de dependencia, obligando a subir los impuestos a la clase trabajadora para financiar el sistema ante la ausencia de un robusto crecimiento económico.
En este sentido, el director de Fedea, Ángel de la Fuente, coautor del reciente estudio ¿Hacia una nueva reforma de las pensiones? Notas para el Pacto de Toledo, señala que la inmigración puede ayudar a mitigar el problema, pero no lo resolvería. El experto señala que, a largo plazo, los inmigrantes también cobrarían una pensión, así que el alivio sería temporal. «Para que este alivio sea importante, además, necesitaríamos que viniesen muchos inmigrantes muy productivos y muy fáciles de asimilar, lo que no es lo más probable», señala sobre cómo se compaginaría esta recepción de personas con las demandas del mercado laboral. Además, De la Fuente explica que la opción japonesa ha sido básicamente la de cerrarse a la inmigración a pesar de tener una población muy envejecida, lo que «no es buena idea, y agravaría el problema de la sostenibilidad de las pensiones».
Por su parte, el economista jefe de Civismo, Javier Santacruz, cree que España necesita más inmigración, pero que «la cuestión es ver qué tipo de sectores y qué tipo de encaje puede tener dentro de las políticas en el ámbito europeo». En materia estrictamente laboral, un tipo de inmigración que interesa es la de talento o la de personas de alta productividad que tienen sueldos altos y, por tanto, pueden pagar cotizaciones altas.
«A razón de unas 200.000 personas al año con este tipo de bases de cotización, se recuperaría la ratio de afiliados/pensionistas hasta equilibrar las cuentas del Sistema -entre 2,5 y 2,7 afiliados por pensionista-«, expone. Del mismo modo, el profesor del CEF Juan Fernando Robles, explica que la llegada necesaria de migrantes, que cifra en torno a los seis millones o incluso menos si no existen situaciones de economía sumergida, tendría un efecto positivo sobre las finanzas del Estado porque aumentaría la recaudación por IRPF y se elevaría el PIB.
