A estas alturas del año, recién iniciada la campaña de renta para ajustar con Hacienda las cuentas de 2016, la inmensa mayoría de los llamados a declarar siguen trabajando para el Estado sin ser funcionarios. La serie del estudio que elabora el think tank Civismo sobre el denominado ‘Día de la Liberación Fiscal’ sitúa entre la última semana de junio y la primera de julio, según la comunidad en la que viva el contribuyente, la fecha en la que un español medio –con unos ingresos en torno a los 25.000 euros brutos anuales– deja de ganar dinero para pagar impuestos y empieza a obtener recursos para atender sus necesidades personales y familiares.
Medio año trabajando sólo para satisfacer las obligaciones fiscales no es una broma. Y eso sin contar los gravámenes que recaerán en el futuro sobre los herederos del patrimonio de aquellos que sean capaces de ahorrar algo después de cubrir sus menesteres básicos y entregar la mitad de su renta, o incluso más, a las administraciones estatal, autonómica y local.
En el preciso momento en que se recuerda a los contribuyentes que «Hacienda somos todos» –y que tal apelación representa algo más que el mero eslogan publicitario al que aludió, con escasa fortuna, la abogada del Estado en el caso Noos– se ha conocido que la presión fiscal sobre el trabajo es en España tres puntos superior a la media de la OCDE. El año pasado, la carga impositiva sobre las rentas obtenidas por un trabajador soltero y sin hijos se situó en el 39,5%, sólo entre el IRPF y las cotizaciones sociales. La tasa descendería hasta el 33,8% para un empleado con hijos que percibiera los mismos ingresos. En el cálculo no están considerados el resto de los gravámenes estatales, regionales y municipales.
Entre los que gestiona el Estado y los de las comunidades autónomas, España está a punto de alcanzar la centena de tributos vigentes. Son exactamente 98 tras la creación de la figura que grava las bebidas azucaradas y carbonatadas. Un verdadero galimatías que, según la Asociación Española de Asesores Fiscales, complica el sistema y debería tender a simplificarse en aras de la equidad.
En el panorama nacional, los ciudadanos que tributan en La Rioja pasan por ser afortunados, pero no se puede pronosticar a ciencia cierta durante cuánto tiempo podrán resistir el impacto de la tendencia a «homogeneizar» aquellos impuestos que tienen efectos desiguales en función de la región en la que se tribute. Ocurre, por ejemplo, con el de Sucesiones y Donaciones, que establece brechas fiscales ciertamente considerables entre los habitantes de las distintas comunidades autónomas. En función del tipo que establece cada una, recibir una herencia da pie a desproporciones más que llamativas. Así, un soltero de 30 años de edad que herede de su padre bienes por valor de 800.000 euros, de los que 200.000 correspondan al valor de la vivienda del finado, pagaría por sucesiones más de 164.000 euros en Andalucía y sólo 134 euros en Canarias. El gravamen en La Rioja para este mismo supuesto ascendería a 3.176 euros.
Con la idea de unificar semejante disparate, el Consejo General de Colegios de Economistas ha propuesto equiparar el impuesto en todo el territorio español, con excepción del País Vasco y Navarra, donde se rigen por sus propios regí- menes. En un informe titulado Panorama de la Fiscalidad Autonómica 2017, los expertos abogan por suprimir el tributo sobre el Patrimonio y, al mismo tiempo, establecer un tipo de Sucesiones y Donaciones idéntico, o al menos similar, para todos los españoles, residan donde residan. Se da por sentado que, en este supuesto, la búsqueda del punto de equilibrio –roto después de que el Estado cediera la recaudación por esa figura a las comunidades autónomas, junto con la capacidad normativa para que cada territorio estableciera sus propios criterios– pasaría por subir la tributación a los ciudadanos de aquellas regiones que, como La Rioja, han decidido no abusar con las gabelas que cargan la transmisión de bienes entre padres e hijos.
Mientras el Colegio de Economistas de La Rioja analiza, junto con la cátedra de Empresa Familiar de la UR, las consecuencias que tendría la aplicación de tipos más elevados en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Salvador Ruiz, profesor de Esade, aboga por su reducción y sostiene que se trata de una figura que grava por tercera vez la renta de un mismo contribuyente, después de haberlo hecho con anterioridad el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio. Lo que ocurre es que cualquier bajada limitaría la parte del pastel que el Estado, en cualquiera de sus encarnaciones territoriales, se adjudica como partícipe no testamentario de toda herencia. Y ahí es donde la lógica, que en este momento de rendición de cuentas estimula la colaboración solidaria en el sostenimiento del sistema, colisiona con la terquedad de una Administración insaciable que parece incapaz de reducir su desproporcionado gasto corriente y sólo se aviene a ajustar las cuentas a fuerza de exprimir a los contribuyes y, llegado el caso, recortar las inversiones.
