Hablar de presión fiscal es, sin ninguna duda, el tema que más incomoda a los políticos españoles, puesto que se trata de uno de los países avanzados con mayor carga tributaria que, a la hora de la verdad, ofrece unos servicios que en muchas ocasiones están lejos de la calidad de vida que ofrecen Estados vecinos con los que se comparan.

En este sentido, la Agencia Tributaria recaudó 186.249 millones de euros en 2016, de los que la mayor partida se lo llevó el IRPF, que ascendió a 72.416 millones, el IVA anotó 62.845 millones, Sociedades facturó 21.678 millones y, en concepto de impuestos especiales, Hacienda ingresó 19.866 millones.

En realidad, se paga por casi todo, no solo en el consumo de productos como el tabaco, el alcohol o los carburantes. Los trabajadores lo saben muy bien cuando ven cómo el Ministerio de Hacienda que preside Cristóbal Montoro hace caja con sus nóminas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), o cuando aplica la legislación en Sociedades o Sucesiones.

España es uno de los países con los impuestos más altos y, paradójicamente, es de los que menos recauda. Así, por ejemplo, en IVA, cuenta con un concepto general similar al de la media europea del 21%, frente al 21,5%. En IRPF y Sociedades, las tasas máximas son más elevadas: el tipo marginal de la renta para los ingresos más altos es del 45% frente al 39% de la media continental, y en Sociedades, el gravamen es del 25%, superior al 22,5% de media comunitaria.

La buena marcha de la economía obligó al Estado en 2016 a bajar por tercer año consecutivo la presión fiscal hasta el 34,1% del PIB, frente al 41,3% que registró la UE, según el último análisis de Eurostat.

En este sentido, el 80% de los expertos consideran que el tipo impositivo que se aplica a la rentas del trabajo es alta o muy alta, según un estudio realizado por PwC que cuestiona el método de cálculo que Hacienda emplea para determinar el valor medio del impuesto de Sociedades que, en el 2015, se colocó en el 12,2% de media.

En este análisis, el 59% de los economistas califica como muy elevado el nivel de fraude fiscal que existe en España y que, en 2016, ascendió hasta el 24,6% del PIB, unos 60.000 millones de euros, según los Técnicos de Hacienda (Gestha). Estableciendo una comparativa entre las naciones de la OCDE, en términos de transparencia y corrupción, se llega a la conclusión de que las que tienen mayores cotas de transparencia y, por tanto, con menor corrupción, son a su vez las que presentan menores tasas de fraude a pesar de contar con mayores presiones fiscales a sus habitantes.

Asimismo, los analistas consideran muy perjudicial que existan diferentes niveles de tributación entre la Administración central, las autonomías y los ayuntamientos.

La descentralización que presenta el país hace que la presión fiscal varíe de manera muy importante de una autonomía a otra. Las disparidades en IRPF, Sucesiones y Donaciones, sumadas a los impuestos propios de cada región, hacen que las diferencias alcancen en muchos casos miles de euros y provoquen, incluso, cambios de domicilio social y fiscal de muchos contribuyentes para mejorar sus ingresos.

El mayor absurdo es comprobar que en España hay impuestos que recaudan menos de lo que cuesta su gestión, como consecuencia de que la regiones multiplican los tributos autonómicos sin calcular sus ingresos e, incluso, como ocurrió con el céntimo sanitario en Castilla y León, se redujo la cifra de ingresos por hidrocarburos.

La Comunidad de Madrid es la región en la que menos se ingresa por las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos. No se paga nada por Patrimonio, ya que este impuesto está bonificado al 100%. Además, es la región que menos presiona en el IRPF. Así, por ejemplo, si una persona gana 20.000 euros al año, pagará 2.303 por este impuesto, que son 200 euros menos que en Cataluña. Asimismo, si la renta es de 45.000, el IRPF supondrá 9.306 euros, que suponen 500 euros menos que en Extremadura. Y si la renta va más allá de los 110.000, la diferencia con la Comunidad Valenciana puede llegar hasta los 4.000 euros.

En este contexto, el trabajador y el empresario se sienten asfixiados por todos los impuestos a los que tienen que hacer frente. En 2017, los españoles habrán trabajado, de media, un total de 178 jornadas para cumplir con sus obligaciones tributarias. Es decir, el Día de la Liberación Fiscal llegó el pasado 28 de junio, un día antes que en 2016, según el think tank Civismo.

EMPRENDIMIENTO 

La patronal reclama inversiones, menos presión fiscal y un plan estratégico ya que, según sostiene un 37,8 de los españoles, los impuestos elevados son el principal obstáculo al emprendimiento. A esta reclamación, le siguen las pocas ayudas que reciben de la Administración y la dificultad para conseguir financiación.