Recientemente hemos recordado la declaración de independencia de Estados Unidos, redactada por Thomas Jefferson y firmada el 4 de julio de 1776, donde se recuerda que todos los hombres y mujeres tenemos el derecho inalienable a la vida, la libertad, la propiedad privada y la búsqueda de la propia felicidad.

Los colonos de las trece colonias norteamericanas rehusaban pagar los impuestos decretados por el parlamento británico sin que ellos tuvieran derecho de voz ni voto. El detonante de la revuelta contra los británicos fue el impuesto sobre el té importado de la metrópoli. Un centenar de colonos disfrazados de indios asaltaron los barcos anclados en el puerto de Boston y lanzaron por la borda 45 toneladas de carga. Fue el detonante de la Guerra de Independencia que llevaría al nacimiento de un nuevo Estado. Los primeros estadounidenses gozaban de un pago de impuestos mínimos, que financiaba unas estructuras de Estado mínimas. No existía el IRPF, ni el IVA ni el impuesto de sociedades. Sólo impuestos específicos sobre el tabaco y el alcohol, así como algunos aranceles. Eran suficientes para garantizar el funcionamiento de la maquinaria pública, constituida por la policía, los tribunales de justicia, el incipiente ejército y el cuerpo diplomático. Nada más, pero tampoco nada menos. Eran los ideales del liberalismo clásico, encarnado en estadistas de la talla de Benjamin Franklin o Thomas Jefferson, el tercer presidente de EEUU. Mucho ha llovido desde los padres fundadores y el país más poderoso del planeta está inmerso hace tiempo en una deriva intervencionista, tanto en el ámbito interno como externo. Hoy, en promedio, un ciudadano de los Estados Unidos paga en impuestos más del 30% de su renta.El llamado Día de la Liberación Fiscal es el 21 de abril.

Jordi Franch Pareja es doctor en Economía y profesor de los estudios de Administración y Dirección de Empresas-ADE del Campus Manresa de la UVIC-UCC

En Cataluña, el Día de la Liberación Fiscal, según el último informe del think tank navarro Civismo, presidido por Julio Pomés, es el 5 de julio. Por lo tanto, los catalanes hemos trabajado hasta el miércoles de la semana pasada para contribuir a los gastos de funcionamiento del Estado. Son 185 días de obligaciones tributarias, desglosadas en 102 días para pagar las cotizaciones sociales (una de las más elevadas del mundo), 41 días por el IRPF, 25 días para el IVA, 11 días por impuestos especiales y 6 días para otros gravámenes. Un salario bruto total de 32.000 euros (incluida la contribución a la Seguridad Social a cargo de la empresa) se convierte en un sueldo neto de sólo 16.000 euros. Por tanto, el catalán medio destina el 50% del sueldo al pago de impuestos sobre el trabajo. Sólo el 50% restante está disponible para el consumo o el ahorro (consumo y ahorro que están nuevamente fiscalizados).

La brecha fiscal que soportamos (la diferencia entre el sueldo bruto total y el salario neto) es una de las más elevadas del mundo. Tributamos como un sueco o un finlandés, pero nuestros sueldos son como los de un portugués o un griego. El hecho de que los catalanes, comparándolo con las otras comunidades, seamos los que más tarde nos liberamos fiscalmente se debe a tres motivos. Los tipos autonómicos del IRPF son los más elevados de España, los impuestos propios de Cataluña se han duplicado en sólo 7 años, y el IBI que pagamos por la propiedad de la vivienda también es de los más altos. Un contribuyente que empieza a trabajar a los 20 años y que se jubila a los 70, habrá dedicado casi 30 años a pagar impuestos desde que entra en el mercado de trabajo hasta que muere. Lo mejor de nuestra actividad productiva lo lleva el Leviatà. Sumemos el tiempo perdido en tareas relacionadas con la gestión de impuestos de uno de los sistemas fiscales más complejos y regresivos de Europa (la redistribución de rentas no de ciudadanos ricos ciudadanos pobres, sino de grupos de presión desorganizados grupos de presión organizados). La carga tributaria es inmensa. Ya sabemos, como decía Benjamin Franklin, que en esta vida sólo hay dos certezas: el pago de impuestos y la muerte. Lo que se debe procurar, sin embargo, es que el sistema tributario no sea un infierno fiscal. Los impuestos deben ser bajos y transparentes, distorsionando lo menos posible las decisiones de trabajo y ahorro. Debemos conocer cuántos impuestos pagamos ya qué se dedican.

El próximo referéndum, donde el pueblo catalán se dispone a ejercer la libertad que se expresa en la autodeterminación de la forma en que se organiza, es una oportunidad para diseñar de nuevo las instituciones y reglas de juego que regirán el nuevo Estado . Es necesario un nuevo marco regulatorio en los ámbitos fiscal, laboral, financiero, redefiniendo las relaciones entre la administración y el administrado. Este debate, tanto más cuando estamos inmersos en problemas de agresiones e inseguridad ciudadana, no se puede anular con la imposición del silencio administrativo y de una falsa sensación de normalidad institucional. La independencia no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas que viven y trabajan en Cataluña. Y eso empieza por reconocer, sin manipulaciones interesadas, cuáles son los problemas reales de la ciudadanía. Los padres fundadores de EE.UU. tenían claro que ante cualquier forma de gobierno que amenazara seriamente los derechos inalienables de la persona, el pueblo tiene el derecho de reformarlo, abolirlo e instituir un nuevo gobierno que ofrezca seguridad y más garantías de conseguir la felicidad. Lo tenemos claro nosotros?