No por llegar de forma sigilosa (en una comparecencia de tarde un supervisor fiscal en el Congreso de los Diputados) un castigo tributario es menos castigo. Las empresas españolas ya son de las que más peso asumen de toda la UE en cuanto al pago de cotizaciones sociales. Según las estadísticas de la Comisión Europea, los empleadores en España asumen 5,1 puntos más que la media de la UE en la fiscalidad del trabajo. Un estudio del Instituto de Estudios Económicos elevaba la diferencia en el pago de cotizaciones a 6,6 puntos.

La fuerte subida planteada ayer de las bases máximas de cotización, al igual que ocurrió con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), rebasa con creces el comportamiento de la economía –sumida en un momento de desaceleración– y la evolución de este parámetro mantenida en los últimos años. Tendrá un impacto en las decisiones empresariales y, en opinión de los expertos, puede detraer talento de las compañías. Las previsiones de ingresos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) supera los 1.000 millones, que en buena medida recaen sobre los hombros del empleador. Las bases mínimas, por su parte, ya se incrementaban precisamente por el aumento del SMI en un 22%. Y a pesar de que se dijo que los autónomos no se verían afectados por esta medida, el aumento de cotización que a su vez plantea el Ministerio de Trabajo es del 12,5%.

La patronal CEOE ya avisaba recientemente que un eventual destope total de las cotizaciones máximas tendría un impacto recaudatorio de unos 4.500 millones de euros (la subida aprobada ayer supondría así recorrer casi una cuarta parte de este camino) y “rompería la productividad y la competitividad de la empresa”. Aludía al mismo tiempo a las necesidades de muchas empresas por deslocalizar.

Según las estadísticas de la Comisión Europea (en su informe Taxation trends in the European Union, 2018) los impuestos al trabajo que asumen los empresarios suponen el 24,6% de la imposición total con datos del año 2016, para unos ingresos de 91.500 millones de euros. La media de la Unión Europea es del 19,5% y la eurozona es del 21,2%. Sólo hay seis países que superan a España en esta particular clasificación. De las grandes economías del bloque, solo Francia (con un 28,8%) supera el dato español. Los empresarios alemanes soportan el 16,9%, los italianos el 22,3% y los portugueses el 15,2%, sólo por citar algunos ejemplos.

Insistencia

A falta de conocer los detalles de la medida anunciada ayer, el plan presupuestario del Gobierno vuelve a poner una vez más el acento en un mayor recargo para las empresas. A este aumento de cotizaciones hay que sumar las tasas a las transacciones financieras, a las empresas tecnológicas, el repunte del Salario Mínimo Interprofesional y el castigo a la repatriación de dividendos. La patronal de empresarios ya reclamaba recientemente al Gobierno que no cargara “permanentemente a las empresas costes, gastos e impuestos”.

No hay que olvidar que la mayor carga impositiva que soportan la empresa radica, precisamente, en la aportación de las cotizaciones y no en el Impuesto de Sociedades, que es donde ha hecho hincapié el Ejecutivo.

Un reciente informe del think tank Civismo señala que estas aportaciones a la Seguridad Social suponen el 91,54% de la factura total fiscal de las empresas pequeñas, el 92,65% de las medianas y el 78,94% las grandes.

Competitividad

El aumento de los costes laborales que se puede desarrollar, sobre todo en comparación con países limítrofes como Portugal, redundará en una pérdida de competitividad de la empresa española, al tiempo que en opinión de los expertos consultados por este diario cuando en verano el Gobierno empezó a tantear la idea del destope de cotizaciones, puede provocar que las empresas reduzcan la creación de puestos de trabajo y, además, es un desincentivo a la hora de atraer inversión y empresas.

Uno de los aspectos a dilucidar de este cambio normativo será si el aumento de las cotizaciones para salarios elevados va acompañado a su vez de un aumento de las pensiones máximas, por una cuestión de equidad, o si el castigo final a los salarios por encima de los 45.000 euros es aún mayor