En 2018 los castellano-manchegos habrán trabajado de media un total de 182 jornadas para cumplir con sus obligaciones tributarias. De manera que el 2 de julio, al igual que el año pasado, continúa siendo el Día de la Liberación Fiscal en la región, según cálculos de Think Tank Civismo. La situación de la comunidad autónoma es una de las peores a nivel nacional, ya que de media en España la celebración se adelanta al 27 de junio.
A nivel nacional el pasado año los españoles tuvieron que trabajar de media un día más, mientras que en Castilla-La Mancha no ha habido modificaciones debido a que tampoco se han producido cambios significativos en los principales impuestos de la región. Javier Santacruz, autor del informe, explica que los castellano-manchegos soportan una carga fiscal mayor a consecuencia de que en la región los salarios son de media más bajos que en el resto del país. De manera que han de trabajar más días que el resto de los españoles para poder recibir los mismos servicios.
El impuesto que mayor peso tiene a nivel nacional es el de las cotizaciones sociales, que suponen aproximadamente 102 jornadas de salario. Por detrás estaría el IRPF (25), el IVA (25), los impuestos especiales (11) y en último lugar los tributos estatales, autonómicos y municipales como el IBI, patrimonio, sucesiones o matriculación, a los que se dedican 5 días de trabajo. Finalmente, quedarían disponibles unos 187 días de sueldo libres para el contribuyente.
Así, de cada 100 euros que paga el empresario en coste laboral, a nivel nacional el ocupado de entre 16 y 29 años cobra 64,11, lo que equivale a una ‘cuña fiscal’ del 35,89%. Para los trabajadores de entre 30 y 44 años, la retribución neta se queda en 62,50, a causa de una ‘cuña fiscal’ del 37,50%. Los que tienen entre 45 y 64 años reciben de esta cantidad sólo 61,66 euros, lo que supone la «cuña fiscal» más elevada por tramos de edad: un 38,34%. Por último, entre los mayores de 65 años, la fiscalidad directa se traduce en que, de cada 100 euros, se perciben 88 de forma efectiva, reduciendo la cantidad por la ausencia de presión de las cotizaciones sociales.
La principal novedad del informe del Día de la Liberación Fiscal es que este año realiza por primera vez en una comparativa entre lo que los ciudadanos contribuyen al Estado y lo que reciben a cambio, en forma de servicios públicos. Según concluye, el gasto en protección social, que costea por ejemplo prestaciones por desempleo o pensiones, asciende al 16’8% del PIB, seguido en peso por el coste de mantenimiento de la Administración Pública, la Sanidad, la Educación o las Inversiones, que rondan entre el 4 y el 6% del Producto interior Bruto. En último lugar estarían la seguridad, las subvenciones y la cultura, defensa, medio ambiente o infraestructuras de vivienda.
DISTRIBUCIÓN POR EDADES.
En cuanto a los servicios públicos que recibe cada ciudadano en función de su edad, se incrementan exponencialmente con la llegada de la jubilación. El valor económico de lo percibido por el contribuyente llega a triplicarse, pasando de los 6.934,42 euros nominales en la cohorte de 16 a 29 años a los 22.388,80 a partir de los 65. No en vano, la principal prestación, en términos económicos, se trata de la pensión pública, al ascender a 15.454 euros anuales, seguida de la cobertura sanitaria (1.919 euros).
De manera que casi el 80% de los contribuyentes pagan más impuestos que lo que reciben hasta la edad de jubilación, momento en el que cambian las tornas. Así, los trabajadores abonan entre 3.515,33 y 7.775,23 euros anuales más de lo percibido en servicios públicos durante los 35 años de carrera de cotización, para luego beneficiarse en forma de pensión, sanidad y dependencia. Desde Think Tank Civismo mantienen que «esto supone una redistribución de ingresos a lo largo del tiempo, pero sujeta a incertidumbres como la subida de los tipos y las bases de cotización, o las modificaciones de los derechos consolidados de pensiones».
