Los Presupuestos Generales del Estado para 2017, presentados a principios del mes de abril, se basan en unas “previsiones infladas de ingresos fiscales” y, en consecuencia, apuestan por un gasto “público difícilmente justificable”, tal y como se desprende de un estudio del Think Tank Civismo, y del que esta semana se hacía eco el European Policy Information Center (EPICENTER).
“A pesar de que el conjunto de la economía española ha mejorado sustancialmente -señala el informe-, las cuentas públicas siguen inmersas en una crisis importante de sostenibilidad a medio plazo, lo que desaconseja el despilfarro”.
En este sentido se critica que, tanto Gobierno como oposición, fíen el cumplimiento del objetivo de déficit público al crecimiento de la economía, lo que generaría por sí misma unos ingresos que permitirían sacar a España del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE).
“Confiar única y exclusivamente en los ingresos para realizar un ajuste fiscal en profundidad es una mala idea económica”, asegura el estudio del think tank Civismo.
Así, todo dependerá de cómo respondan las bases imponibles al crecimiento nominal de la economía y a los cambios tributarios frecuentes que se producen.
Precisamente, uno de los últimos, el aumento de los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades, por valor de unos 6.000 millones de euros, ha permitido cumplir el objetivo del déficit por la mínima, y provocando innumerables problemas en las tesorerías de las compañías.
“La respuesta de las bases imponibles ha variado profundamente en los últimos años. Tomando los datos de recaudación tributaria homogénea desde 2007, la realidad es que, por cada punto porcentual de variación del PIB nominal, la recaudación sólo ha aumentado un 0,59%”, apunta Civismo.
Por todo ello el estudio duda de que, ante este carácter inelástico de la recaudación, sea razonable pensar que una economía que crezca al 3% en términos reales pueda generar un aumento de la recaudación tributaria homogénea cercana al 8% anual.
Por la parte de los gastos, el no financiero, ajustado cíclicamente, sube un 2,5% en términos anuales, lo que denota el carácter expansivo de los PGE 2017.
“Llama particularmente la atención el uso de los fondos de financiación de los entes territoriales y el perjuicio que eso causa a la Administración Central frente a las Autonómica y Local, más aun cuando España, en este 2017, ya tiene que entregar 825 millones de euros netos de aportación al Presupuesto comunitario”, según señala el informe.
Otro elemento que preocupa a los autores del estudio es el estado de las cuentas de la Seguridad Social ya que, bajo lo que definen como el aparente “cumplimiento” de los objetivos de déficit, “se esconde el mayor agujero de la historia de la caja: más de 18.000 millones de euros”.
Así, con un gasto en pensiones que crece a tasas superiores a las de la economía (+3,1% proyectado para 2017) y unos ingresos por cotizaciones que sólo cubren tres cuartas partes del gasto, con desviaciones muy graves respecto a lo presupuestado (15.000 millones en 2016), “el problema de la Seguridad Social tiene una alta probabilidad de empeorar y, por tanto, de agrandar el agujero ya estructural de nuestro sistema público de reparto”, concluye Civismo.
