El Consejo de Ministros da luz verde este viernes a los proyectos de ley de los impuestos sobre transacciones financieras y sobre determinados servicios digitales, con los que espera recaudar unos 2.050 millones de euros.

El dinero, según el Ejecutivo, se destinará a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social. Después de tres meses de audiencia pública, los proyectos iniciarán así el trámite parlamentario.

¿Qué es la tasa Google?

El Gobierno de Pedro Sánchez ha rescatado este concepto impositivo que ya provocó, aunque en aquella ocasión fuera por compensación a autores con un canon a los enlaces, que la compañía tecnológica cerrara en 2014 en España su servicio de Google News. Ahora se trata de gravar a las tecnológicas por actividades que, según el Gobierno, escapan al actual marco fiscal.

El llamado Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales se aplicará a aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. Gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, de los servicios de intermediación en línea y de la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario. El Gobierno espera recaudar 1.200 millones de euros.

Sánchez ya la propuso en 2014, cuando estaba en la oposición, para luchar contra la «ingeniería fiscal transfronteriza» de las tecnológicas, es decir, para evitar que pagaran impuestos en países distintos a aquellos en los que prestan su actividad por las ventajas fiscales que estos ofrecen. Reino Unido y Francia también han anunciado que la aplicarán; en la UE se ha decidido, no obstante, posponer hasta 2020 por la falta de acuerdo.

El impuesto no lo gravará todo: quedan excluidas la venta de bienes o servicios entre usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario; determinados servicios financieros.

Desde la patronal europea y algunos centros de estudios se sugirió que este impuesto «podría intensificar una guerra comercial con EEUU». Por su parte, el think tank Civismo afirmó recientemente que afectará a toda la cadena de valor. Este grupo estimó que los 20 millones de consumidores del sector digital (particulares, pymes y autónomos) sufrirán un sobrecoste de 0,47 euros en cada compra electrónica que realicen.

¿Qué es la tasa Tobin?

Es un impuesto indirecto que gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. En concreto, las acciones emitidas en España de empresas cotizadas (de las no cotizadas, no) cuya capitalización bursátil sea (a 1 de diciembre del año anterior) superior a 1.000 millones de euros.

La capitalización bursátil es el valor de mercado de una empresa y se calcula multiplicando el número de acciones emitidas por su precio de cotización. El Gobierno calcula que ingresará unos 850 millones; hasta 10 países de la UE la han impulsado. El impuesto se centrará en las entidades que actúan como intermediarios financieros y que tendrá liquidación mensual.

Y no gravará tampoco ni las salidas a Bolsa, ni la deuda, pública o privada, ni los derivados. Por tanto, la compra de acciones de una empresa que va a salir a Bolsa no implicará el pago del impuesto. Sin embargo, Bolsas y Mercados Españoles (BME) considera que esta tasa es una «mala noticia» para empresarios, intermediarios e inversores.