Ante el evidente clima de desaceleración económica que aqueja a la economía española, crece entre los analistas el temor a que ésta se agrave por la inconcreción del nuevo Ejecutivo socialista, que en sus primeros cien días de Gobierno ha anunciado una panoplia de medidas y subidas de impuestos sin concretar su contenido, maniatado por la necesidad de recabar apoyos parlamentarios, y por el cada vez más indeterminado camino hacia unos Presupuestos para el año próximo sobre una senda de déficit que no solo no ha sido aprobada por el Congreso, sino que, además, depende de una larga tramitación parlamentaria previa para modificar la Ley de Estabilidad.
En este contexto, el peor de los escenarios, el de mantenerse la tónica de emitir anuncios sin concretar, cortaría drásticamente el crecimiento del PIB al 1,5 por ciento en 2019 (frente al 2,4 que prevé el Gobierno para el año próximo), según previsiones de Freemarket International Consulting, lo que significa que España crecería el año próximo justo la mitad de lo que ha venido creciendo durante los tres años anteriores.
Se reiteran las revisiones a la baja de la previsión de crecimiento, pero el Gobierno no revisa su cuadro macro de previsiones mientras, además, trabaja sus Presupuestos sobre una senda de déficit del 1,8 por ciento no aprobada por el Congreso y superior en cinco décimas a la que dejó fijada el Ejecutivo anterior. Tanto AFI, como Funcas y la patronal CEOE han recortado sus proyecciones de PIB. Y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya incluye en su modelo de previsión en tiempo real (Mipred) una desaceleración en el último tramo del año. Todo ello en un contexto en que el Banco Central Europeo (BCE) ya ha admitido que la economía de la eurozona avanzará menos de lo previsto.
Retirada de estímulos
No se puede obviar el hecho de que la coyuntura internacional afecta a la deriva del PIB español. No solo porque el comercio mundial esté afectado por la espera sobre el desenlace de la batalla arancelaria de China con EEUU, o porque el BCE vaya a retirar sus estímulos a finales de este año, lo que complicará la colocación de la deuda y elevará su coste, sino también porque España tiene intereses en países latinoamericanos afectados por el tsunami electoral que enfrenta el continente, con puntos de zozobra como Brasil, Argentina o Venezuela. Si a este escenario y a la ralentización doméstica se une el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez anuncia medidas generales sin ofrecer detalles, crece el peso de la inseguridad jurídica. Así lo explica a elEconomista la gerente del IEE, Almudena Semur, quien destaca que la incertidumbre no ayuda a unos mercados que son miedosos.
“Si la ministra de Trabajo anuncia un viraje de 180 grados en la reforma laboral, pero no concreta cómo se hará, ¿un empresario se anima a contratar antes de saber las nuevas condiciones? Si vas a comprar un coche, ¿lo harás sin saber qué va a pasar con la fiscalidad del diésel? Y el fabricante, ¿se dispondrá a sacar un nuevo modelo?”, explica a elEconomista uno de los expertos consultados, que coinciden en la necesidad de concreción en los anuncios, clave para la toma de decisiones por parte de los agentes económicos.
El profesor Juan Velarde, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, indica a elEconomista que la situación económica de España es preocupante: acumula un elevado volumen de deuda pública, cercano al cien por cien del PIB; acusará la desaceleración europea en las exportaciones, al ser la UE nuestro principal mercado; y persiste un alto nivel de burocracia económico administrativa que frena la actividad. A ello se suma, a juicio de Velarde, el conflicto catalán, la previsible subida de tipos de interés tras la retirada de estímulos, y los complicados derroteros en los que ha caído la tramitación de los Presupuestos para el año próximo, supeditados a una previa reforma de la Ley de Estabilidad por el trámite ordinario y con un Gobierno en minoría que tiene que granjearse los apoyos a base de cesiones. Para contener esta dinámica, explica Velarde, sería necesario convocar elecciones, para poner coto a la pérdida de confianza empresarial y a las dudas sobre la hoja de ruta del Ejecutivo. En ello coincide el profesor de la Fundación de Estudios Financieros, Miguel Ángel Bernal, que avisa de cómo los indicadores macro más relevantes están anticipando ya una brusca desaceleración, a la que poco ayuda la mayor inflación y el alto coste del componente energético.
Por su parte, el profesor de Finanzas Juan Fernando Robles señala que el Gobierno de Sánchez, con su exigua mayoría, de 84 diputados, no tiene poder suficiente para adoptar una medida drástica y recuerda cómo ha dado marcha atrás en alguno de sus anuncios ante la presión de un lobby concreto, en alusión al anunciado impuesto a la banca, posteriormente omitido de la agenda tributaria del Gobierno socialista.
Más gasto y alzas fiscales
También destacan los expertos el aumento de gasto que está comprometiendo el Gobierno de Sánchez –en pensiones, dependencia, sanidad, inmigración– donde sí hay concreción sin una correlativa reseña detallada de cómo sufragarlo por la vía de los ingresos.
En este sentido, la patronal CEOE ha sido muy clara: los globos sonda agravan el frenazo del PIB. Y esa fue precisamente la dicción –“globo sonda”– con la que la ministra de Industria, Reyes Maroto, definió el alza de la fiscalidad al diésel el mismo día en que Presidencia la anunciaba supuestamente en firme. No solo eso, según un informe de coyuntura de CEOE, al que ha tenido acceso elEconomista, la desaceleración de la actividad se ha trasladado al mercado laboral. De hecho, el pasado 31 de agosto fue el día que más empleo se destruyó de la historia, más de 300.000 empleos. Y va más allá el citado informe, que destaca cómo “en el ámbito interno el riesgo político en Cataluña, la situación de minoría del actual Gobierno y la proximidad de elecciones autonómicas y locales son, en el corto plazo, elementos que limitan la confianza y las decisiones de consumo e inversión”, todo ello en el marco de “una política presupuestaria expansiva en los gastos, que en un contexto de desaceleración económica, introduce dudas sobre el cumplimiento de los objetivos presupuestarios, tanto de déficit como de deuda”. Por todo ello, la patronal revisó esta semana a la baja el crecimiento español una décima este año y tres el próximo, en clara coherencia con los analistas que anticipan una mayor desaceleración económica el año próximo. Con todo, el economista de Civismo, Javier Santacruz, reclama reformas que aparquen la inacción.
